OMO consecuencia de la crisis del coronavirus y de las medidas tomadas por las diferentes administraciones públicas para contener su difusión y mitigar sus efectos lesivos, tanto a nivel sanitario como a nivel socioeconómico, los países de la Unión Europea se enfrentan a unas perspectivas económicas nefastas para el año 2020 sinónimas de fuerte contracción de la actividad económica, notable incremento del déficit y de la deuda pública, y considerable aumento del desempleo. De hecho, según las últimas previsiones de la Comisión Europea, en el año 2020, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea debería retroceder del 7,4% (del 7,7% para los 19 países de la zona euro), dado que todos los motores del crecimiento, tales como la producción, el consumo y la inversión, están bajo mínimos. Más detalladamente, Italia, España y Grecia deberían asistir a una contracción de sus economías superior al 9% (-9,7%, -9,5% y -9,4% respectivamente), Francia retrocedería del 8,2% y Alemania del 6,5%.

Sucedería algo parecido con los déficits y las deudas públicas de los Estados miembros, dado que, en Francia por ejemplo, estas alcanzarían respectivamente el 9,9% y el 116,5% del PIB, frente al 8,5% y al 102,7% de media en la zona euro. No en vano, los países del Sur de Europa saldrían especialmente perjudicados, con unos niveles de déficit y de deuda pública muy superiores a la media. La repercusión sería igualmente considerable sobre el desempleo, ya que este aumentaría de dos puntos en la eurozona para alcanzar el 9,6% a finales de año. Pero, en este caso también, las disparidades serían notables entre los países europeos, dado que, si Alemania acabaría el año con un 4% de desempleo, esta tasa alcanzaría el 18,9% en España y el 19,9% en Grecia, mientras que Francia e Italia se situarían en unas posiciones intermedias, con respectivamente el 10,1% y el 11,8% de personas sin empleo.

Para contener el impacto socioeconómico de la crisis del coronavirus, los Estados miembros han aprobado una serie de medidas fiscales sinónimas de impulso fiscal inmediato, diferimientos en el pago de impuestos y cotizaciones sociales, y garantías. Pero, en este caso también, las diferencias entre los países de la Unión son considerables. Así, mientras que Alemania dedica el 6,9% de su PIB al impulso fiscal inmediato, el 14,6% a diferimientos y el 38,6% a garantías, los países del Sur de Europa se encuentran a años luz. De hecho, España consagra el 1,1% del PIB al impulso fiscal inmediato, el 1,5% a diferimientos y el 9,1% a garantías, y las medidas fiscales aprobadas por Grecia son menores aún. En otros términos, los países europeos que han aprobado las medidas fiscales más enérgicas con respecto a sus PIB son aquellos que tienen las mejores previsiones de crecimiento económico, déficit, deuda pública y desempleo.

Estos países aplican lo que el economista Philippe Aghion denomina unas políticas macroeconómicas contra-cíclicas. Estas políticas corrigen o estabilizan el ciclo, "relanzando la economía en periodo de recesión al tiempo que se comprometen a pisar el freno en periodo de expansión. Así, una política fiscal contra-cíclica aumenta los déficits públicos en caso de recesión, pero los reduce en periodo de prosperidad". Mientras que los países germanos y nórdicos llevan a cabo políticas contra-cíclicas, los países del Sur de Europa aplican unas políticas pro-cíclicas, es decir que, en lugar de atenuar la amplitud y los efectos del ciclo económico, recesivo en este caso, la amplifican y desmultiplican sus consecuencias.

Según el economista galo, dos factores permiten determinar si la política presupuestaria implementada por un país es contra-cíclica. Por una parte, "el compromiso de los Estados de mantener un cierto número de prestaciones sociales a lo largo del ciclo económico: son los estabilizadores automáticos". Los países en los cuales estos estabilizadores son los más importantes son aquellos en los cuales el volumen del gasto público por habitante es el más elevado. Por otra parte, "los países donde los déficits públicos por habitante son los más débiles son igualmente aquellos donde la política presupuestaria es la más contra-cíclica". De hecho, un país que, de media, "respecta una disciplina presupuestaria en el conjunto del ciclo, tendrá más facilidades para solicitar préstamos a acreedores en periodo de recesión y podrá así ayudar los individuos y las empresas a mantener sus inversiones" y gastos. Por lo cual, la disciplina presupuestaria confiere una mayor credibilidad a los gobiernos, sobre todo en cuanto a su compromiso a la hora de pagar en el futuro la deuda contraída.

Las políticas presupuestarias contra-cíclicas, además de mitigar los efectos socioeconómicos de la crisis, permiten a las empresas invertir en mayor proporción en la innovación, sobre todo cuando se enfrentan a serias restricciones a la hora de acceder al crédito. En efecto, como lo subraya el catedrático del Collège de France, "en periodo de recesión, una empresa con capacidades limitadas de suscribir préstamos se encuentra típicamente en la obligación de reducir sus inversiones a largo plazo, especialmente en investigación y desarrollo, en tecnología de la información o en formación, de cara a evitar la suspensión de pagos y la quiebra". No en vano, estas inversiones solo generan crecimiento a largo plazo en la medida en que se mantienen a lo largo del ciclo económico. En ese sentido, las medidas de apoyo a la I+D+i y a la formación a lo largo del ciclo forman parte de los estabilizadores automáticos a fin de que las empresas puedan continuar invirtiendo en estas materias durante todo el periodo.

En definitiva, para evitar que las previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea se cumplan para el año 2020, es preciso aprobar políticas presupuestarias contra-cíclicas, que suponen, previa relajación de los criterios de Maastricht por parte de la instituciones europeas en materia de déficit y deuda pública, la implementación de las siguientes medidas: mayores diferimientos y garantías así como un impulso fiscal inmediato superior, no solamente en materia de empleo y ayudas sociales, sino también en el ámbito de la formación y de la inversión en I+D+i, tanto en el sector público como en el sector privado. En efecto, además de prolongar los ERTEs (sobre todo en los sectores más afectados por la crisis, tales como la hostelería) y conceder prestaciones sociales a los colectivos más vulnerables, es indispensable invertir en universidades, centros de investigación y centros tecnológicos para mantener un cierto nivel de inversión de las entidades públicas y de las empresas privadas. Estos estabilizadores automáticos, además de ser susceptibles de ser objeto de un amplio consenso político, propiciarán una mayor competitividad económica y cohesión social.

* Profesor de Sociología UPV/EHU