Cofradías de pescadores, innovando desde la Economía Social

No es la primera vez que el Gobierno vasco se refiere en el extranjero al modelo de Economía Social de Euskadi. En noviembre de 2017, la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, durante la Conferencia Internacional de Gotemburgo, previa a la Cumbre Social para un Empleo Justo y el Crecimiento, intervino con una ponencia centrada en el papel de la Economía Social en el futuro del empleo.

Qué es la Economía Social es la primera cuestión que pueden plantearse los ciudadanos. En general, tiende a relacionarse a las cooperativas y sociedades laborales con la Economía Social. Y, en efecto, ambas forman parte de la misma. No obstante, si nos atenemos a la ley estatal que rige la materia (la Ley 5/2011), nos percataremos de que también son entidades de la Economía Social las fundaciones, las asociaciones que llevan a cabo actividad económica, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las sociedades agrarias de transformación, las mutualidades (entre las que se encuentran nuestras EPSV) y las cofradías de pescadores.

En pleno verano, con nuestros pueblos costeros en pleno apogeo, sus atractivos paisajes y todo lo que ofrecen a quien desee visitarlos, centraré mi atención en las cofradías de pescadores, una modalidad de entidad de la Economía Social que pertenece a nuestro pueblo ancestral, que ha llegado hasta nuestros días y que corre el peligro de desaparecer por la delicada situación del sector pesquero. No en vano, cofradías como las de Elantxobe, Mundaka o Mutriku ya son historia.

Sin embargo, siendo el vasco un pueblo que ama la vanguardia quizás estemos a tiempo para innovar desde la Economía Social también en las cofradías de pescadores. Y ello porque estas pueden seguir siendo fundamentales para los municipios costeros. Tal vez no nos hemos percatado de que lo que afirman buscar los neoyorkinos lo tenemos en casa: una forma distinta de hacer empresa, de entender la sociedad y de crecer como país. Y es que, más allá de la denominación de las entidades que conforman la Economía Social, lo que interesa y debe imperar, porque así lo establece la ley, es la puesta en práctica de los principios que las inspiran, a saber:

- Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a su aportación al capital social.

- Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

- Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

- Independencia respecto a los poderes públicos.

Además, todos estos principios están encaminados a cumplir con la exigencia finalista de la satisfacción bien del interés colectivo de sus integrantes, bien del interés general económico y social, o de ambos. De forma y manera que aquellas entidades que no cumplan con ello debieran descalificarse como entidad de Economía Social perdiendo los beneficios que se destinan a las mismas (v.gr. de fomento, promoción, difusión y fiscales). Claro está, para ello sería preciso desarrollar en Euskadi la Ley 5/2011 y crear un ente que ejerciera el control del cumplimiento de los requisitos mencionados para que una concreta entidad sea considerada de Economía Social. Un control que no prevé la Ley 5/2011, al conformarse con la creación de un catálogo de estas entidades que presenta meros efectos informativos. Sin duda, es algo que preocupa especialmente en el ámbito del cooperativismo, ante la aparición de un falso cooperativismo que daña la esencia del mismo. El padre Arizmendiarrieta ya advirtió de este fenómeno y, en el concreto sector pesquero, se negó a aceptar la creación de cooperativas de pesca por parte de personas desconocedoras de lo que representan los principios y valores cooperativos. Aquellos que habían abandonado la razón de ser de las cofradías para apostar por un modelo de pesca insostenible y buscar su beneficio personal, difícilmente encajaban en el modelo cooperativo. Y el tiempo le dio la razón porque, salvo en contadas excepciones, la inmensa mayoría de cooperativas de pesca que se crearon desoyendo sus consejos duraron un asalto. Se endeudaron y quebraron. Efectivamente, las cofradías de pescadores, antecedente directo de las cooperativas en el ámbito marítimo-pesquero, a la luz de la Ley 5/2011, pueden representar a la perfección esa idea de pueblo ancestral que ama la vanguardia.

Mirando al pasado, deben ubicarse dentro de la corriente corporativista que se extendió durante la Baja Edad Media. Las cofradías comenzaron a regular a través de sus ordenanzas la actividad marítimo-pesquera en todos sus aspectos. La importancia de esta organización queda de manifiesto si observamos que perdura incluso después de la revolución industrial, cuando decaen los gremios. Así, durante los siglos XIX y XX, bajo distintas apariencias institucionales, las cofradías supusieron un sistema para asegurar la explotación económica de manera colectiva. En la actualidad, a pesar de que son Corporaciones de Derecho Público y, por tanto, jurídicamente dependientes de las Administraciones Públicas, tienen libertad para trabajar en la defensa de los intereses del sector.

Ahondando en los principios de la Economía Social, la centralidad de las personas es una de sus características y se vincula a su naturaleza de institución sin ánimo de lucro, pues se considera que con ello se hace referencia a la justicia en la distribución de la riqueza generada. Precisamente, por tratarse de una institución sin ánimo de lucro, los resultados obtenidos de la actividad económica de la cofradía se aplican al fin social objeto de la misma. Igualmente, en sus estatutos se contienen multitud de aspectos relacionados con la promoción de la solidaridad interna entre los cofrades, comenzando por el carácter voluntario para ser miembro asociado. Una vez aceptados como tales, todos los cofrades gozan de igualdad de derechos y obligaciones. Pero sin duda, dicha igualdad se manifiesta principalmente en la gestión democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones en función de las personas. Del mismo modo, la gestión es transparente. Por último, las cofradías han demostrado un compromiso con el desarrollo local, al generar puestos de trabajo, fomentar la actividad económica y constituir una fuente de ingresos que revierte en sus municipios. A futuro, es fundamental la cooperación entre cofradías y la asociación con otras empresas e instituciones. Un buen ejemplo lo constituye la empresa Matxitxako Moluscos SL, participada, entre otros, por las Cofradías de Pescadores de Ondarroa y Lekeitio, la Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa, la Fundación Azti y las empresas Arrankoba SL e Itsaskorda SL., con la finalidad de crear el primer polígono marino de producción acuícola (mejillones y ostras) en el mar Cantábrico.

Ciertamente, las cofradías pueden actuar como nicho de nuevas formas de empleo. Así, respecto al turismo, merece especial atención el Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo, en vigor desde el 15 de mayo. Seamos vanguardistas y apostemos por la Economía Social para mantener vivos nuestros municipios costeros los 365 días del año.