Cuestión de pruebas

09.02.2020 | 00:59

UNO: Gracias a unas filmaciones (¿furtivas?), la Fiscalía ha podido accionar contra dos empleadas (y un empleado) de una residencia de ancianos madrileña en la que se maltrataba con ensañamiento a dos ancianas. Las filmaciones revelan unos hechos sobrecogedores que obligan a reflexionar sobre el desamparo de la ancianidad extrema e impedida y a no desentenderse de lo que muchos hemos visto y vivido de manera directa. No basta con decir que terminar así, expuestos a la desatención y a los abusos, es "ley de vida".

Lo que importa es la investigación emprendida y su resultado, pero también saber si por alguna triquiñuela jurídica los autores de esa infamia pueden quedar impunes, aunque sean, a toda imagen, culpables. Las pruebas, el cómo obtenerlas y cuál es su validez en juicio, ese es el fondo de la cuestión.

Dos: Entiendo mal que se aplauda la captura casi tumultuaria de Julian Assange en la embajada de Ecuador con argumentos que revelan ganas de cazar al cazador por cometer la insolencia de informar de lo que es mejor ignorar. ¿Qué delitos cometió Assange? ¿El de acceder a secretos de Estado y revelar las entrañas criminales de los Estados Unidos? ¿El de estar en poder de pruebas que alcanzan el crimen de otros países y el de obligar, en balde, a investigar aquello que se denuncia?

Entiendo mal que a nadie le preocupe que sobre Assange hubiesen caído acusaciones falsas para conseguir no reparación a daño causado alguno, sino la extradición a los Estados Unidos, el país donde más intolerables resultaron las revelaciones de Assange, sin consecuencias o mejor dicho con una importante: que las cloacas del Estado son intocables por necesarias para el mantenimiento del sistema y es delictivo la obtención de pruebas sobre los crímenes cometidos al amparo de un cada vez amplio secreto de Estado al margen de la legalidad, en su contra expresa, para defender en muchos casos de manera arbitraria intereses sectarios, de partido, e ideológicos.

Tres: Lo que queda claro de la lectura de la sentencia que han recibido Clemente Bernad y Carolina Martínez es que lo que a la jueza le interesa de lo que sucede en la cripta de los muertos es la grabación furtiva de Clemente Bernad, la protección del secreto, de lo privado, no el fondo del asunto, que tal vez pudiera ser muy delictivo, en el que no entra porque ni ella ni otros magistrados ni la Policía y Fiscalía han entrado ni van a entrar. Que allí se haga a fecha fija apología y exaltación del golpismo franquista y, en consecuencia, del odio y la violencia, con el beneplácito del arzobispado encima, todo lo disfrazado que se quiera de rezos y mojigangas, eso no interesa, eso para otra instancia, es decir, eso para nunca. La investigación de lo que allí sucede no queda pendiente, sino a salvo, hecho seña de identidad de un sector social que no solo no condena, sino que aplaude con ganas los homenajes y la condena de Clemente Bernad, y lamentan la absolución de Carolina Martínez, blasonando de un respeto a la ley que en otros casos abuchean.

¿Por qué la jueza, esta u otra, no ordena una investigación sobre los posibles delitos que puedan cometerse en ese lugar tan secreto...? Y con ellas, jueces, fiscales, funcionarios diversos con autoridad suficiente... Pedirle esto mismo a la Policía me temo que es gollería. La ley de Memoria Histórica está en globo y en muchas instancias ha contado poco o nada.

Y, finalmente, me pregunto: ¿es posible hacer, de manera impune, apología y exaltación expresa del terrorismo en forma de homenaje a terroristas fallecidos en un lugar de parecidas características a la cripta de los muertos y entre conjurados, mientras sea a salvo de grabaciones, aunque sea del dominio público lo que allí sucede? ¿O en este caso serían las magistradas, fiscales y policías los que entrarían en tromba en el lugar deteniendo de manera tumultuaria a los participantes con gran lujo de prensa y público?* Escritor