LA desigualdad ha aumentado en Euskadi de manera significativa en los últimos años. Los ingresos de la población empobrecida se han reducido de forma desproporcionada respecto a los del resto de la ciudadanía. Los hogares con menos recursos han sido los grandes perjudicados, lo que ha provocado un incremento considerable de la desigualdad entre los niños y niñas de renta media y aquellos que viven en familias con renta baja.

La fotografía es dura: la pobreza y el riesgo de sufrirla se ha desplazado a las familias con hijos e hijas a cargo, impactando directamente en la infancia. Desde 2008, según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, uno de cada cinco niños y niñas en Euskadi ha pasado a vivir en situación de pobreza o ausencia de bienestar. Ambas tienen un impacto negativo en la vida cotidiana de la infancia, en sus oportunidades de desarrollo a medio y largo plazo, en la equidad, la cohesión e, incluso, en la productividad futura de la sociedad vasca. A sus consecuencias en la calidad de vida se une el hecho de que, en general, los menores carecen de las posibilidades de modificar sus circunstancias. Están sujetos a las decisiones y elecciones de su entorno familiar. Por este motivo, se necesitan medidas que reviertan esta situación.

Ante esta constatación, nos surgen preguntas que requieren una respuesta: ¿Están las políticas de protección social en Euskadi a la altura de las políticas de otros países europeos con el mismo nivel de bienestar? ¿Qué oportunidades queremos dar a los niños y niñas, sin que estas estén condicionadas por el origen de sus familias? ¿Qué sociedad queremos construir? Estas preguntas deberían estar en las mesas de los grupos políticos, que debaten y estudian propuestas para mejorar la eficacia de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con el fin de aprobar mejoras para una RGI más eficiente y eficaz en la reducción de la pobreza infantil.

No podemos caer en la tentación de cuestionar por completo el sistema vasco de protección social. La RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda han matizado de manera importante el impacto de la pobreza y la desigualdad en Euskadi. Han ayudado a muchas personas en situación de vulnerabilidad. Han favorecido que Euskadi registre unas tasas de pobreza exponencialmente menores que otras comunidades autónomas. No obstante, a pesar de ser una política pública eficaz en su objetivo de mitigar la pobreza en el conjunto de la población, no ha sucedido de igual manera en el caso de las familias con hijos e hijas a cargo.

El sistema vasco de garantía de ingresos reduce en menor medida la pobreza infantil que la del conjunto de la población, es decir, ayuda menos a las familias con hijos e hijas, que a aquellas que no los tienen: 7 de cada 10 familias sin hijos que accede a la RGI consigue salir de la pobreza, mientras que solo 3 de cada 10 familias con hijos supera esta situación gracias a la RGI.

La razón de esta capacidad diferente de reducción de la pobreza no radica, exclusivamente, en una demanda más baja de estas prestaciones entre las familias con hijos o hijas, sino más bien en un diseño de las cuantías de la RGI que, en comparación, protege en menor medida a las unidades de mayor tamaño, en particular, a las familias con hijos a cargo. La cuantía que perciben estas familias es insuficiente para cubrir los gastos derivados de la crianza y el cuidado. Así lo ha evidenciado Save the Children en informes elaborados por la organización.

Por lo tanto, el diseño de las políticas públicas vascas, en términos generales, ha sido hasta ahora escasamente proinfantil y ha beneficiado más a las personas adultas y mayores y a las familias sin menores a cargo, que a la infancia, la juventud y las familias con hijos e hijas. Pero podemos revertir esta situación. Es momento de avanzar hacia un modelo de protección que priorice a la infancia y que apueste por una sociedad vasca más cohesionada y menos desigual.