EN un microcosmos en el que los acontecimientos modifican cada día, y casi cada hora, el fondo de la situación política resulta más que difícil el diagnóstico del futuro a corto plazo de la nación catalana. El president Puigdemont no pudo seguir su voluntad de convocar unas nuevas elecciones desde el poder democrático de la Generalitat para recargarse de una legitimidad homologable por una comunidad internacional que no podía avalar el resultado de un referéndum celebrado por encima del aparato represivo español, que había hecho el ridículo. Se quedó casi absolutamente solo, entre la radicalidad de un PP decidido a eliminar la autonomía catalana y las radicales de su propio ámbito, que pasaron de reconocer su liderazgo a llamarle traidor.

Así las cosas, llegó el enésimo incumpliento de su propia Constitución por los autoproclamados constitucionalistas, aplicando el artículo 155 y llevando las históricas instituciones propias del territorio a la situación anterior de la reconstitución y el acuerdo entre Suárez y Tarradellas; ahora, respaldados también por movilizaciones más que considerables en las calles, con una violencia ultra verbalmente rechazada pero impune, al menos de entrada.

De la euforia tras la proclamación unilateral de una República Catalana irrealizable en la práctica se pasó a un estado de desconcierto, si no de frustración, de la parte -legítimamente mayoritaria en el Parlament- de la sociedad civil que había sido la impulsora real de un proceso. Y con todo, fue el Gobierno Rajoy quien volvió a llamar a las urnas, en unas condiciones al menos sospechosas de la limpieza que se proclama, desde la nueva “legalidad” fáctica.

Con una más que probable intervención europea oficiosa (como la que hizo suspender inicialmente la declaración de independencia del Parlament), la aplicación del famoso 155 tuvo un alcance menor del deseado por los halcones del PP y el realismo de las dificultades para sostener durante meses una administración desde Madrid llevó a la convocatoria electoral inmediata.

Paralelamente, voces del Gobierno español llamaban al retorno de las empresas catalanas desradicalizadas y hasta a la presentación de Puigdemont como candidato.

De hecho, PDeCAT y Esquerra, ya han confirmado su participación desde el realismo. El boicot, más coherente por principio con la República proclamada, habría supuesto una nueva cámara copada en exclusiva por el unionismo.

El desideratum de las dos principales fuerzas soberanistas es una nueva coalición ampliada con todos los independentistas y, aún mejor, con todos los defensores de las instituciones y de la democracia, entendida como renuncia a las persecuciones judiciales y a los encarcelamientos. Llamada harto difícil de atender y en todo caso sustituíble por acuerdos poselectorales. Más que dfícil, por el escaso margen para formalizar e inscribir coaliciones, incluida una CUP que todavía ha de celebrar asamblea para decidir si se presenta y unos comunes divididos en cuanto a programa, entre el grupo de la alcalesa Colau, por una parte, y el Podemos oficial y la Iniciativa heredera del comunismo autónomo por otra.

Lo más probable es, pues, una vuelta a las candidaturas separadas de antes del proceso, con actuaciones conjuntas a posteriori, de Ciudadanos-PSC-PSOE y PP por un lado y de las diferentes alternativas soberanistas por otro.

Las encuestas ya han empezado a aparecer, con su credibilidad habitual. Con abundantes augurios de pérdida de la mayoría soberanista por un lado, pero también con otros datos muy significativos. En el sondeo elaborado a petición de El Mundo, más del 50% de los ciudadanos españoles se muestran a favor de un referéndum pactado. Algun otro detecta una subida de siete puntos en el conjunto del independentismo.

Veremos. La clave final será comprobar la limpieza de la nueva consulta y la aceptación del resultado por parte y parte. Pero es dudoso ese fair play con líderes catalanes en la cárcel, cada vez más, la primera demanda de ilegalización de partidos, de la CUP como no podía ser de otra forma, y con la amenaza de continuar ocupando las

instituciones catalanas, vía 155, si ganan los independistas y mantienen vivo el procés. Esquerra no ha descartado propugnar el boicot, recordando que los ayuntamientos, de mayoría soberanista, pueden rebelarse y no admitir las nuevas urnas. Lo dicho, veremos.

El president Puigdemont, desde Bruselas, no descarta volver a presentarse, pero desde el PP lo dan por irreelegible, además de pendiente de la extradición y encarcelación.

¿Hacia dónde irá Catalunya? Independientemente de la situación a partir del 22 de diciembre, cuando se sepa y se haya de aplicar el resultado de la lotería política, lo único seguro es que el deseo y la voluntad de independencia de las grandes masas aglutinadas a partir de los sucesivos 11 de septiembre y de las dos consultas continuarán mientras no les venza el cansancio. Y aun entonces, el sentimiento y la voluntad de independecia se mantendrán, con toda probabilidad, crecientes según los fomentan las medidas españolas