sIN decretar el estado de excepción o de sitio, han venido sucediendo en las últimas semanas violaciones de los derechos que marca su Constitución, entre otros: la inviolabiliad de domicilio y de correspondencia, la libertad de prensa, información y opinión con el secuestro de la revista interna de Óminum cultural y la irrupción en publicaciones periódicas, el derecho de reunión, con la suspensión de actos de partidos y entidades legales... Y así, sucesivamente.

Sin recurrir directamente al artículo 155 de la misma Carta Magna, ha suspendido o intervenido la Generalitat, en su ámbito financiero asumiendo directamente la financiación autonómica para efectuar directamente desde Hacienda los pagos correspondientes a educación, sanidad, servicios sociales y las pagas de funcionarios, sin más excepciones.

Puestos a llegar al extremo, han presionado a los bancos para que impidan otros movimientos y hasta al bloqueo de las tarjetas de crédito de los altos cargos del mismo Govern.

En un paso más, han irrumpido y registrado diversas dependencias de las instituciones autonómicas y han detenido a diversos cargos públicos (al menos una docena) por debajo del rango de consejeros, por ahora y porque, según algunas fuentes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no lo ha avalado.

Justo en el momento de escribir, efectivos de las fuerzas de seguridad españolas estaban situados ante la sede de la CUP, organización política legal.

La ocupación es también evidente. Miles de guardias civiles y policias españoles se han desplazado al Principat y se ha amarrado en el puerto de Barcelona el buque Rapsody para que aloje a unos 2.500 agentes y números, a la vez que se han suspendido las vacaciones de los dos cuerpos entre ayer, 20 de septiembre, y el 5 de octubre.

Las reacciones han sido instantáneas. El president Puigdemont, al frente de su gobierno en pleno, rechazaba la represión y mantenía la convocatoria de la consulta del próximo primero de octubre.

Ciudadanos convocados por la Assemblea Nacjonal y Òmnium ocupaban las calles de la ciudad de Barcelona y diversos ayuntamientos y entidades convocaban otras movilizaciones en sus ámbitos locales. Estudiantes universitarios, los sindactos Comisiones Obreras y UGT, y el conglomertado de Comunes, Podemos -incluida ahora Iniciativa-Izquierda Unida-, se añadían a la organización y participación de las protestas.

Ya se había dicho que el gabinete Rajoy ha recurrido a órganos y leyes creados con objetivos que nada tienen que ver con las acciones iniciadas e in crescendo, pero hay más motivos de deslegitimación: el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal general, José Manuel Maza, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fueron reprobados hace algunos meses por la mayoría del Congreso de los Diputados pero se mantienen en los cargos sin ninguna vergüenza propia, ni de su presidente.

¿Y ahora qué? En principio, más estimulos para acudir a las urnas el 1-O. Y si finalmente no las hay, o se retiran, o se impide de alguna otra manera la expresión de la voluntad ciudadana, se ampliará un doble frente: el de la protesta ciudadana de alcance y duración imprevisible y, según algunas fuentes, la convocatoria de unas nuevas elecciones, otra vez con carácter plebisciario, en las que los apoyos a una candidatura de independentistas unidos pueda alcanzar las mayorías que no obtuvo en la última cita electoral.

Y también la reacción internacional, que muchas veces se oculta. Por ejemplo, el manifiesto Let catalans vote, firmado por cincuenta personalidades internacionales, entre ellas cinco premios Nobel de la paz y uno de literatura, que se ha visto poco o nada reproducido en los medios estatales, como los discursos de dos de ellos, el tunecino Ahmed Galai y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, bien conocido en Euskadi.

El Gobierno Rajoy, el PP, con el apoyo de sus acólitos en el Estado, ha apostado por su campaña de amenazas y miedo. La fiscalia pone ante el Tribunal Superior a todo el Govern y la mayoría de la mesa del Parlament, amenaza con detención a los alcaldes... y la Guardia Civil encuentra un juez que ordena detener a altos cargos de la Generalitat. Por coherencia, deberían seguir el mismo destino los miles de voluntarios inscritos para el proceso electoral. ¿Se atreverán a detenerlos?

El exministro -de Exteriores- José Manuel García Margallo, había peregrinado por los medios estatales anunciando las tres alternativas para impedir las votaciones: declarar el estado de excepción, aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla la facultad del presidente del Ejecutivo español de asumir el mando de los Mossos d’Esquadra, o la suspensión de la autonomía catalana y sus instituciones, aplicando el artículo 155 de la Constitución. Y Rajoy se ha aplicado a ello, en una mezcla de facto de la primera y la última.

A nadie se le oculta que cuanta más fuerza se utilice, lejos de desactivar el movimiento soberanista le dará aún más alas y provocará nuevas movilizaciones de alcance imprevisible. Pero Rajoy ha lanzado el órdago personal de impedirlo a toda costa y, si no lo consigue, el descrédito ante los más radicales de los suyos será inevitable y podría tener consecuencias fatales para su futuro.

La intervención de la Guardia Civil apropiándose de documentos primero, pretendiendo investigar a Puigdemont después y entrando finalmente en la Generalitat para detener a una docena de altos cargos del Govern es una actuación que dinamita las libertades fundamentales de cualquier Estado de Derecho. Y, sin embargo, mientras Puigdemont denuncia la suspensión de facto de la autonomía y la comunidad internacional empieza a frotarse los ojos ante tanta desproporción española, el 1-O sigue en pie. Las cartas están dadas.