CON la publicación en 1892 de Bizcaya por su independencia, obra de escaso rigor histórico, Sabino Arana sentó las bases de un proyecto político plenamente independentista que trataba de superar un modelo fuerista en horas bajas tras la abolición del sistema foral por la Ley de 21 de julio de 1876. Pero en la cena-homenaje que le tributaron en el caserío Larrazabal de Begoña personalidades del mundo fuerista intransigente, la mayoría miembros de la Sociedad Euskalerria de Bilbao, su discurso, pleno de aceradas críticas contra ellos -“farsa y no error es el vicio que caracteriza a esos partidos cuando alardeando de amar Bizcaya, no hacen otra cosa que ultrajarla y ofenderla”- y su exhortación final a gritar conjuntamente “!Viva la independencia de Bizcaya!”, no encontraron excesivo eco entre los presentes.
Cuando, tras la muerte del fundador del Partido Nacionalista Vasco en 1903, dejando inconcluso su proyecto final de Liga Vasco Españolista, se acrecentaron las diferencias entre los ortodoxos independentistas y los neoautonomistas o “fenicios” (como los llamaba despectivamente el propio Arana), la organización adoptó una solución de compromiso plasmada en el Manifiesto Programa de 1906, redactado por el navarro Miguel Cortés (amigo íntimo de Sabino), que abogaba por materializar el objetivo de la plena reintegración foral, volviendo a la situación previa a la Ley de 25 de octubre de 1839 (“Se confirman los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía”).
Dicho planteamiento, que bien podría calificarse como de soberanía compartida entre la secular soberanía originaria de los estados vasco-navarros y un Estado Español que sólo en las Cortes de Cádiz en 1810 había consolidado el concepto de soberanía nacional, entroncaba asimismo con las ideas de destacados dirigentes carlistas navarros que, calificando de secuela foral la llamada Ley Paccionada de 1841, afirmarían como Jesús Etayo que, logrando la vuelta al estadio anterior a 1839, “Navarra habrá recobrado su libertad”.
De la vía posibilista Con la aprobación del Manifiesto Programa de 1906, el nacionalismo iniciaba una vía más posibilista que conjugaba la afirmación de los principios doctrinales con el desarrollo de una praxis pragmática, vía esta que sería ratificada sólo dos años después en la Asamblea de Elgoibar de 1908 en un texto en el que se explicitaba que el PNV aspiraba a “que las instituciones características del Pueblo Vasco vuelvan a tener vigencia y acción, amoldadas, en cuanto sea necesario, a la realidad de los tiempos actuales”.
A partir de este momento, la andadura abertzale quedaba marcaba por un claro dinamismo en cuanto a la interpretación doctrinal y por la consagración del concepto de tiempo histórico como realidad insoslayable en el ejercicio de su acción política. En este sentido, la Asamblea de Bergara de 16 de noviembre de 1930, que, tras la división en 1921 entre aberrianos y comunionistas, reunificó el PNV, conjuga ambos aspectos en sus bases doctrinales: reconociendo que Euzkadi “debe ser dueña absoluta de sus propios destinos para regirse a sí misma”, manifiesta también que, en base a criterios de táctica política, se podrán propugnar “soluciones concretas congruentes con la aspiración final (?) bien como resultado de nuevas formas constitucionales de los Estados dominantes, bien como reivindicaciones forales o de carácter histórico del Pueblo Vasco”.
y la “soberanía interna” Tras la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la llegada de la Segunda República abre para el PNV nuevas sendas de avance en las reivindicaciones de soberanía, y así, en un momento inicial, en un discurso pronunciado el 15 de abril de 1931 en la Diputación Foral de Navarra, Manuel Irujo, exponente de un nacionalismo menos dogmático y más práctico, expone “el deseo ferviente de Navarra de colaborar en la vida de la Confederación Republicana Hispánica pero recabando para nuestra tierra su derecho a la reintegración foral plena que la Monarquía le negó”.
Tales reivindicaciones serían luego encauzadas a través de la vía autonómica unitaria para los cuatro territorios de la Euskadi peninsular. Siguiendo al propio Irujo, el Estatuto de Autonomía, salvaguardando los objetivos últimos del movimiento abertzale, era en aquel momento histórico, garantía de soberanía interna (restringida pero efectiva) y de coexistencia con la soberanía exterior del Estado.
Con el advenimiento de la democracia, el PNV incide en el binomio histórico principios doctrinales-pragmatismo político, sustentando su acción política en un gradualismo acorde con las nuevas realidades socio-políticas. En su Asamblea Nacional celebrada en marzo de 1977 en Iruñea, el PNV acomodó sus objetivos a la realidad naciente de un sistema político español monárquico-parlamentarista al que urgía un acuerdo con los vascos. Como resultado de aquella línea adaptativa, logró incorporar al texto final de la Constitución de 1978 una disposición adicional que amparaba los derechos históricos de los territorios forales, plasmando posteriormente en el Estatuto de Gernika una cláusula de actualización de tales derechos.
a La propuesta actual En octubre de 2003, el lehendakari Ibarretxe presentó en sede parlamentaria un proyecto de Estatus de Libre Asociación con España, “desde el respeto y el reconocimiento mutuo”, amparado en los derechos históricos “que podrán ser actualizados en cada momento”. En el texto aprobado, se afirma el derecho de la ciudadanía vasca a decidir democráticamente su futuro, estableciéndose un esquema de negociación y pacto con las instituciones españolas para materializar en cada momento, y “de común acuerdo”, dicha voluntad popular. Poco más de un año después, el presidente del EBB, Josu Jon Imaz, con motivo del 110 aniversario de su formación, reafirmando la trayectoria histórica pactista de los jeltzales, apuntaló el esquema derecho a decidir-obligación de pacto reivindicando una soberanía compartida con España, Francia y Europa.
Una década después, el lehendakari Urkullu, declarándose “independentista del siglo XXI”, ha esbozado el cuerpo central de la propuesta que el nacionalismo vasco democrático residenciará en la Ponencia de Autogobierno constituida en la cámara legislativa de Gasteiz. Siguiendo la senda de “soberanismo pragmático” ya abierta por otros dirigentes nacionalistas precedentes, apuesta por un marco jurídico-político de cosoberanía, firmemente anclado en el concepto de libre adhesión, que supere anquilosadas fórmulas de “unidades indisolubles”. El PNV, abandonando formulaciones políticamente simplistas que han minado en el pasado su organización interna (“la soberanía se tiene o no se tiene”) tendrá que realizar un serio esfuerzo de persuasión y convencimiento para que, parafraseando a Manuel Irujo, “Euskadi venga a las manos de los vascos”. El escenario político a medio y largo plazo está plagado de incertidumbres pero, como decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, “la duda es uno de los nombres de la inteligencia”.
