EL 10 de diciembre de 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones y culturas del mundo y describe treinta derechos fundamentales que son la base de la sociedad democrática.

Los países musulmanes no la firmaron por considerarla una interpretación secularizada judeocristiana y ya en 1990 elaboraron una alternativa para el islam que se denominará Declaración del El Cairo.

Sin embargo, un artículo que los islamistas no encuentran la fórmula de cumplir es el artículo 18 de la Declaración Universal de 1948: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. No hay más que leerlo y comprobamos cómo no es respetado; en muchos países puede ser condenado a muerte por cambiar de religión?

Un año más hemos conmemorado el 68º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del que citaremos también el artículo 25 porque también viene en nuestra Constitución, que asimismo ha cumplido estos días años y está muy lejos de cumplirse: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (...) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. ¡Qué lejos de ver cumplido aquello a lo que por ley tenemos derecho!

Hoy, más de 1.280 millones de personas en el mundo -las dos terceras partes, mujeres- viven en condiciones de pobreza extrema. Al mismo tiempo, la capacidad de nuestro planeta para abastecerse es cada vez menor. La degradación de los ecosistemas y la creciente vulnerabilidad social y ecológica afectan a todos, pero los pobres sufren sus consecuencias en mayor grado. Para hacer frente con éxito a los enormes retos de un mundo en el que 1.900 millones de personas no tienen agua potable, debemos valernos mucho más sistemática y coherentemente del dinamismo de las políticas y estrategias comunitarias, así como del conocimiento y la competencia técnica. La solución de estos problemas es una obligación moral que toda persona decente debe sentir como prioritaria e irrenunciable.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no son simples aspiraciones idealistas. Son algo nuevo y diferente; metas claras, con plazos determinados, para mejorar en forma rápida y mensurable la calidad de los ciudadanos más pobres del mundo, con medidas que van desde la escolarización de los niños hasta la lucha contra enfermedades letales como VIH/sida y el paludismo, la promoción de los derechos de la mujer y la erradicación del hambre. Compromiso en la Cumbre de Naciones Unidas de reducir la pobreza a la mitad. Sin un compromiso claro y sin ambigüedades de los países ricos de respaldar esos esfuerzos de buena fe, eliminando las barreras al comercio, acelerando el alivio de la deuda y ayudando a los países pobres a obtener los recursos internos y la inversión privada que tanto necesitan.

Si en los próximos diez años no damos solución al problema de la inmigración y al conflicto entre religiones, son impredecibles las consecuencias, en sus versiones terroristas entre partidarios de los distintos cultos religiosos. Debemos todos comprometernos por nuestro futuro en dar cumplimiento exacto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como meta irrenunciable del ser humano.

Finalmente, hago un llamamiento a la conciencia ciudadana para que presione por los medios que pueda al gobierno a que cumpla con su obligación de velar por los Derechos Hyumanos en el Sahara Occidental, así como a que defienda las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la celebración, de una vez, del referéndum de autodeterminación.