ALONSO Quijano, el bueno, ya advertía a su fiel escudero que se asombraría del mundo con una de las frases más famosas de la novela: “Cosas veredes, Sancho...”. Podría aplicarse al afán generalizado por descalificar al movimiento Podemos... que, a menudo sin nombrarlo y refiriéndose a él como “populismo”, la mayoría de partidos españoles anteponen al “problema catalán”, que nombran de una u otra manera como segunda preocupación.
Por lo visto es más preocupante una concentración de 300.000 personas (según el recuento máximo) que más de dos millones de votos, simbólicos pero depositados, después de tomarse la molesta del desplazamiento hasta el lugar de la urna, sin autobuses gratuitos desde el lugar de residencia.
Cierto es que deben tomarse con reservas, o no tener en cuenta, las acusaciones veladas de corruptelas, de aliados internacionales impresentables y tantas otras. Pero lo que ellos mismos proclaman no se puede ignorar como la proclamación en aquella jornada del lema “devolveremos la soberanía al pueblo español”, calcada de las que PP, PSOE y otros hacen en defensa de su obsoleta Constitución contra las reivindicaciones catalanas. O la exaltación de los “héroes del 2 de mayo en defensa de España”. Hace ya tiempo que, en esa materia, corrigieron el rumbo y dejaron reconocer el derecho a la autodeterminación del Principat de aquel dirigente del mismo grupo que excluyó a la familia Botín de la casta pocos días antes que la presidenta del banco anunciase que su entidad estaba dispuesta a ayudarles.
No menos asombroso resulta, hasta para parte de sus colegas, la petición de la Fiscalía para que el juez Santiago Vidal sea expulsado de la carrera judicial porque ha liderado un equipo que elaboró un (entre varios) proyecto de Constitución para una República Catalana Independiente. Más allá de la libertad de expresión, de ocupar el tiempo libre libremente, mientras no se dé la mayor (la independencia), el texto no pasa de ser un ejercicio académico, dentro o fuera de la Universidad, sin efecto práctico alguno. Pero se puede juzgar y condenar por hacer política y jurisprudencia (al menos hasta ahora) desde la ficción.
Un proyecto que, por otra parte, está abierto por sus inventores a enmiendas de cualquier ciudadano y que, sin duda, nunca llegará a aplicarse en alguno de sus artículos, ni en el supuesto más favorable. Para empezar, aquel que para garantizar la independencia de poderes establece que el partido o fuerza más votada, por abrumadora que sea su victoria, no podría tener más del 49% de miembros del Parlament. A ver qué partido, coalición o movimiento se lo acepta.
Otro error, si se quiere anecdótico, ha sido establecer los límites geográficos de la nueva Catalunya “al norte con Francia, al sur y al Oeste, con España”, para reacción indignada e inmediata de los andorranos que, como ciudadanos de un país habitualmente más ignorado que Teruel, celoso de su soberanía como suelen serlo los débiles y automáticamente mosqueado cada vez que oye hablar de Paísos Catalans, tardó en saltar el tiempo de enterarse de esa parte del texto.
El expresidente del gobierno del Principado pirenaico, Óscar Ribas, poco sospechoso de opositor al ámbito cultural catalán (su discurso de ingreso en la ONU en el idioma oficial único de Andorra ha sido elogiado y le ha merecido un reguero de reconocimientos en el Principat vecino) fue uno de los primeros en salir al paso, esperando que fuese un error involuntario y recordando que mientras estén los copríncipes (uno de ellos dependiente del Vaticano y no jefe de otro Estado), la independencia andorrana está garantizada.
Vidal, que ha declarado su disposición a pasarse a la política si le echan del oficio, reaccionó inmediatamente asegurando que se trataba de un error sin intencionalidad anexionista y que será corregido inmediatamente. Su caso no debería asombrar ni siquiera al labriego Panza. Al menos otros dos jueces, investigadores de delitos o crímenes, han corrido ya esa suerte de perder su profesión, mientras los supuestos culpables salían de rositas.
Entre tanto, las maniobras en defensa del centralismo, vía judicial, continúan. La penúltima desde el Gobierno Rajoy ha sido recurrir al Constitucional la apertura de las
cincuenta oficinas comerciales, vistas como embajadas de la Generalitat en otros tantos países. Y las denuncias de corrupción, por ahora más recientes, sobre adjudicaciones de servicios en los aeropuertos de Andorra-La Seu d’Urgell y Alguaire (ambos de la Generalitat, qué casualitat) y el primero con salpicadura indirecta al mínimo país vecino.
Pero para asombro, el de los diputados presentes en la comisión parlamentaria que se han dejado de eufemismos y han pasado de investigar la corrupción en general al caso Pujol en exclusiva, ante la declaración del coronel Matas, de la Guardia Civil, que durante más de veinte años fue el responsable de la seguridad de la embajada española en Andorra La Vella, del puesto fronterizo y -reconocido sin secretos- de los servicios de información CESID-CNI.
El alto oficial, ahora retirado, explicó en sede parlamentaria que “en su presencia”, representantes españoles y andorranos llegaron al acuerdo no firmado que se haría la vista gorda a la evasión de capitales hacia bancos andorranos, a cambio de una vigilancia extrema e información absoluta sobre los fondos procedentes de la delincuencia organizada en los ámbitos de la venta de armas, el narcotráfico, o el terrorismo (por aquel entonces, según cita literal, el de ETA). El límite a la exportación de dinero se situó, según aquel acuerdo, en un billón de pesetas. Y el coronel añadió: “Ahora no es lo mismo”. El cambio ha sido evidente. Se comprueba casi cada día en los diarios, telediarios y tertulias.
