CATALUNYA ya no se distingue del resto del Estado en el ruido sobre supuestas corrupciones. Ya hace años fue el caso Filesa entre los socialistas, luego el de Pallerols y el departamento de Trabajo, en la órbita de Unió, ahora le toca sobre todo a Convergència (CDC) y el supuesto cobro de comisiones a Ferrovial a través del Palau de la Música, entre otros casos menores (todavía) como el presunto tráfico de influencias de Oriol Pujol con las concesiones de ITV, o el del socialista Bustos y compañía desde Sabadell.
Veremos en qué acaban, porque entre prescripciones de delitos o faltas, decaída de pruebas, defectos de forma y demás, los sobreseimientos abundan. Así se liquidó el caso Nasseiro, precursor del caso Gürtel, por anulación de las grabaciones. Así se ha sobreseído el caso Campeón que pesaba sobre el exministro del PSOE José Blanco. Y de la misma manera empieza a comentarse ya la falta de eficacia práctica de las acusaciones documentadas por Luis Bárcenas. Judicialmente, la ausencia de condenas debería comportar la limpieza total de la imagen de los encausados, imposible después de tanta publicación en los medios.
Otra cosa es el aspecto ético y la vertiente de las responsabilidades políticas. Artur Mas se comprometió firmemente en el Parlament a depurar las responsabilidades que se pudieran demostrar en el asunto Millet-Palau. Oriol Pujol ya abandonó los cargos públicos en cuanto fue imputado. Pero ya se sabe que el verbo dimitir no se conjuga en las instituciones y los partidos españoles.
La penúltima ha sido la divulgación pública de que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, militaba y pagaba su cuota en el Partido Popular siendo ya magistrado, hasta el 2011. La incompatibilidad y la falta de estética del asunto parecen evidentes, pero sus compañeros lo han considerado compatible. Al fin y al cabo, se puede pensar, si ha sido nombrado por el PP, si todo el mundo le atribuye la pertenencia a ese ámbito ideológico y político, qué más dará que tenga o no carnet. Recuerdo cómo Xabier Arzalluz convenció a un periodista para que dejase sus reticencias por aquello de la apariencia de neutralidad y se afiliase al PNV. Le bastó una pregunta: ¿de qué partido dice todo el mundo que eres? Pues entonces?
En el juego de las diferencias o errores entre los dibujos de España y del Principat catalán, el que destaca, el que primero se ve, es el mantenimiento del deseo de autodeterminarse, que desde fuera tratan de descalificar atribuyéndolo a presiones de las cúpulas de las formaciones políticas y de las instituciones. Pero la verdad es que quien aprieta es la ciudadanía.
Para la próxima Diada del 11 de septiembre, ante el temor de no repetir el poder de convocatoria en una manifestación como la del año pasado, la Asamblea se ha fijado un reto que parece aún más ambicioso: formar una cadena humana en reclamación de la independencia que no deje espacios entre la frontera con Francia y el sur de Tarragona, más de cuatrocientos quilómetros. En pocos días, las inscripciones para reservar sitio han pasado de las 100.000. Y las camisetas diseñadas para el acontecimiento, producidas por millares, se han agotado en las tallas pequeñas y medianas, solo quedaban XL y XXL, de manera que se ha abierto lista de espera y se ha hecho un nuevo pedido.
La encuesta del CIS, que los diarios reprodujeron muy tarde porque se elaboró mediante 2.596 entrevistas (una muestra considerablemente amplia, si se compara con otras) inmediatamente después de las últimas autonómicas, aparte de confirmar la tendencia a la baja de los partidos hasta ayer mayoritarios, trae otros datos que también se repiten una y otra vez: Para empezar, el 40% de los entrevistados está a favor del ejercicio de la autodeterminación; el 25,6% por un mayor autogobierno y eso da las dos terceras partes de la población contra el tercio sumado de los que están por mantener el actual statu quo (17,6%) o los aún más minoritarios que querrían reducir la competencias autonómicas (3,4%), o volver a un Estado único y centralizado (9,1%).
Otra tabla significativa: el 25,1% se considera "solo catalán" y más de otra cuarta parte (25,8) más catalán que español. Los de en medio, "tan catalanes como españoles" son hasta ahora el grupo más numeroso (34,5%). Los "solo españoles" se quedan en el 6% y los "más españoles que catalanes", en el 5%.
En algo, sin embargo, la mayoría resulta aplastante: en rechazar la actual política del Gobierno español sobre Catalunya, por desfavorable al Principat, Ni más ni menos que el 82%. Entre los cuales, y por transpolación, ha de haber bastantes de los que votaron a PP y Ciutadans (que sumaron el 20,53%), porque también se intuye que habrá algunos de los socialistas más próximos al PSOE, porque si añadimos a la suma todos los que eligieron PSC, el conjunto casi duplicaría el 18% de los que no encuentran perjudicial el gabinete Rajoy para el territorio, y que serían el 34,96%.
Ya se sabe que las encuestas tienen el valor que tienen, y a veces resultan rotundamente desmentidas por los hechos. Pero casi todo el mundo reconoce la validez de las tendencias que marcan. Y las cifras reproducidas tienen la tozudez de una roca de la ribera del Ebro (antes de entrar en Catalunya).
