EL president Artur Mas y el lehendakari Iñigo Urkullu han viajado a Bruselas en busca de complicidades y, a ser posible, de amparo de la Unión Europea contra la cerrazón española. Los resultados para Euskadi ya son sobradamente conocidos de primera mano. Catalunya, según el propio mandatario, ha recogido cal y arena.

La arena ha consistido en constatar la preocupación (tradúzcase como oposición, en la medida de lo posible) a la independencia del Principat. Pero también hubo bastante cal, como la ratificación del derecho democrático a la libertad de decidir, y a la consulta y, sobre todo, la promesa de apoyo de la comisaria de Educación, la griega Androua Vassiliou, a la política de inmersión lingüística del sistema educativo catalán, y el compromiso de defenderlo en entrevista con el ministro español José Ignacio Wert. Una promesa reiterada a los seis eurodiputados catalanes que le pidieron la misma mediación con los argumentos de la calidad pedagógica reconocida y, también, de que un lavado de manos comunitario aumentaría la desafección catalana hacia la Unión, en horas bajas incluso en una de las colectividades más europeístas de la Peninsula, junto con la vasca.

Y no es preciso recordar que hace ya años, la Eurocámara rechazó un informe instado por miembros del Partido Popular español y defendido por otros del mismo grupo de la internacional contra el mencionado sistema educativo, elogiado por su calidad y eficiencia en las propias instancias europeas.

Confirmaciones

Mas se trajo también la confirmación que los responsables económicos de la UE instarán al gobierno del Estado a flexibilizar (es decir, ampliar) el límite del déficit público catalán, cuando concedan, que parece será este mayo, una prórroga del plazo para que el español baje hasta el 3%.

A todo eso hay que sumar un informe del Consejo de Estado (cierto que no vinculante, pero intérprete político de la Constitución desde el mismo Madrid), según el cual no se puede obligar a la Generalitat a pagar la escuela privada de los niños cuyos padres se empecinen en exigir la educación en español para los hijos. Además, recuerda que la competencia sobre el nivel de las lenguas cooficiales en la educación es competencia del Govern, aunque apostille que se ha de hacer un uso razonable en dichas proporciones y, por si faltaba algo para que las conclusiones no sean del gusto popular, asegura que debe mantenerse la asignatura de Educación para la Ciudadanía, tan denostada por Rajoy, los suyos, y la Conferencia Episcopal.

En la gran fiesta -aunque el día se mantenga laborable- el president, que ya había informado de su excursión a la capital comunitaria y belga, se supone que para disgusto del ministerio García-Margallo, que no ha conseguido poner freno a la diplomacia autónoma catalana, hizo una llamada institucional a agruparse en torno al derecho a decidir y a la consulta, tanto de partidos como de la sociedad civil.

Detenciones

Y mientras todo eso y tantas cosas más destacaban en las batallas políticas, saltaba la noticia de la detención, en la estación de ferrocarril de Sants, en Barcelona, del expolicía español Michel Domínguez, supuestamente implicado ahora en una entrega de cocaína a gran escala y de participación en una organización colombiana de narcotráfico.

A quienes vivieron, o siguieron -y mucho más si sufrieron como víctimas- el terrorismo de Estado bajo las siglas GAL no hace ninguna falta recordarles qué representó el personaje dentro de la trama, como escudero y asiduo acompañante del subcomisario José Amedo, incluso en el casino de Donostia, cuando se olvidaron documentos de las actividades de la banda que la Ertzaintza se encontró, añadiendo pruebas.

Domínguez, con Amedo, fue condenado el 1991 a 108 años de cárcel, en el proceso que dirigió el ínclito magistrado Garzón por seis asesinatos frustrados y pertenencia a una "asociación de malhechores", y siete años más tarde, en 1998, a dos años y cuatro meses más por "detención ilegal", el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, primera acción documentada oficialmente como obra de los GAL, aunque hubo anteriores, con esas, o con otras siglas.

Pero, claro, el exinspector Domínguez salió en libertad en 2000. Porque también se sabe, y se recuerda, que a los participantes en aquel terrorismo desde cargos e instituciones del Estado se les acabó aplicando una especie de negativo de la doctrina Parot, de manera que, como suele decirse en el habla popular, quedaron "sueltos a los cuatro días".