Aunque en un inicio estimó en 18 las cámaras de videovigilancia que harían falta para controlar la posible comisión de hechos delictivos en el Casco Viejo, finalmente el Ayuntamiento de Bilbao ha licitado un contrato en el que cifra en 17 los dispositivos que necesitará para este fin. Estos sistemas de grabación se colocarán en 15 puntos diferentes del centro histórico de la ciudad.

Fuentes de Seguridad exponen que se prevé que la instalación de los dispositivos, que tendrá un coste de 138.754 euros (con IVA), se lleve a cabo antes de que finalice el año. No obstante, no podrán estar habilitadas para Aste Nagusia, una de las fechas del año más delicadas para el departamento.

Según detallan en el contrato, en Bilbao “existen áreas con condiciones especiales que precisan de videovigilancia para facilitar la monitorización en tiempo real y la investigación de posibles delitos que se puedan cometer en la zona, a fin de mejorar la seguridad de los ciudadanos en dichas áreas”. Así, indican que el Ayuntamiento cuenta en propiedad de un sistema de videovigilancia al servicio del área de Seguridad y que “con el fin de adaptarse a la evolución de las necesidades de la seguridad en Bilbao”, el Consistorio tiene como objetivo ampliar las zonas a vigilar por cámara.

Pese a que el contrato no especifica la ubicación exacta, el sistema de videovigilancia instalado actualmente está formado por cinco dispositivos fijos. Según detallaron desde el área a principios de este año, dos de ellos están instalados en la plaza Unamuno, dos en calle Iturribide y una en la confluencia de las calles Iturribide y Fika. En ese sentido, expusieron que con la ampliación del sistema la idea era que se sumaran a los citados espacios Calzadas de Mallona, el tramo inferior de la calle Prim y la plaza Tomás Meabe.

La instalación de estas cámaras –14 de ellas contarán con un punto de colocación en altura existente, mientras que para una de ellas el adjudicatario deberá suministrar e instalar un báculo– en determinados espacios podría no ser permanente, ya que Amaia Arregi, concejala de Seguridad, ya argumentó que “el trabajo de la policía es dinámico”. En esa línea, tras analizar la evolución de los delitos en los últimos años, aseguró que había algunos espacios en la ciudad donde no estaba justificada su presencia. Ollerías, zona en la que se instalaron seis cámaras en 2016, cuando era un punto de inseguridad, responde a ese caso.

Para la confección de este contrato, el Ayuntamiento de Bilbao ha tenido que solicitar los permisos al Gobierno vasco a instancias del alcalde Juan Mari Aburto, como dicta el procedimiento. Según adelantó Amaia Arregi durante la presentación de los presupuestos de su área para 2025, la prioridad es que “la calidad de las cámaras sea buena”.

En ese sentido, recordó que el barrio de San Francisco tiene instaladas cámaras desde hace años –en 2019 se sustituyeron dispositivos que ya tenían al menos 10 años de antigüedad– y que son “de muy buena calidad”. La idea sería replicar este modelo en el Casco Viejo, donde hay varios puntos de inseguridad y de difícil acceso por tratarse de escaleras o ser peatonales. “Requieren muchos recursos humanos para a veces no ser del todo lo efectivos que nos gustaría”, apuntó Arregi.