El aviso enviado a los móviles de la población valenciana con el consejo de evitar desplazamientos a las 20.11 horas del pasado 29 de octubre, el día de la dana, fue “notablemente tardío y errado en su contenido”, pues muchas víctimas murieron en sus casas, en los garajes o en la vía pública”. Así de contundente es el auto la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja (Valencia), que centraliza la investigación judicial sobre aquella terrorífica gestión, quien también recuerda que los daños materiales, que afectaron a centenares de miles de personas, “no se podían evitar, las muertes sí”. Con semejante mochila encima de la mesa, en Les Corts Valencianes se trató el pasado miércoles y jueves una iniciativa para que el todavía presidente, Carlos Mazón, asuma su responsabilidad y dimita del cargo por su “negligente” labor. Y, aunque al mismo tiempo, nos enteramos que la ya exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas esperó a que el president de la Generalitat llegara de la comilona de El Ventorro a la reunión del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencia, y mantuviera una reunión a solas con él para lanzar la alerta ese fatídico 29 de octubre, tanto PP como Vox decidieron salvar al soldado Mazón. Las 224 personas fallecidas y las tres que siguen desaparecidas hoy en día no les importa nada, salvo seguir en la poltrona. Y es que fuera hace mucho frío...
