No deja de ser sorprendente, aunque no sorprenda a nadie, que solo 17 de los 284 jueces que juzgan en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sean capaces de hacerlo en euskera, idioma oficial en estos territorios desde hace 44 años... y lengua vernácula por tiempo inmemorial, que en derecho británico es “tiempo anterior a la historia y la memoria legal”. Extraña menos que una cuarta parte de los fiscales serían capaces de desarrollar su labor en euskera... si los jueces pudiesen. Nadie que conozca la historia de la justicia española puede asombrarse. Que un euskaldun sepa de qué se le acusa no significa que entienda por qué ni cómo se le juzga. Y no pretendo politizar la justicia. Es la incapacidad de esta para juzgar en el idioma que emplean 680.629 vascos en edad penal, uno de cada tres mayores de 16 años, 261.000 más que en 1991, la que tiene fundamento político. Solo en la segunda mitad de esas tres últimas décadas, desde 2008, se han convocado 3.393 plazas de juez y, por dar un dato, en un único año (2021), ocho en la CAV: Azpeitia, Balmaseda, Bilbao, Durango, Getxo (2) e Irun (2). Si ya a finales del XIX para ser notario en Hegoalde se exigía euskera, hoy entre los requisitos para ser juez (nacionalidad, mayoría de edad, licenciatura en Derecho...) no está el de dominar las dos lenguas oficiales del lugar al que le destinará el CGPJ. Sí, y quizá eso lo explique todo, es el CGPJ quien, a propuesta de la Escuela Judicial, adjudica destino al juez. O juez al destino.
