Tiene puñetas, y no las de encaje de las mangas de los magistrados, que 275 años después de que Montesquieu publicara El espíritu de las Leyes siga la pugna por el control político de la justicia con el fin de limitar el control de la política por la justicia, no vaya a ser que al poder no le dejen extralimitarse. El intento de sujetar el mazo e inclinar la balanza se padece aquí y en Lima, pero tiene el denominador común del interés ideológico o el enjuiciamiento de quienes lo pretenden. Ha sucedido en el Estado, donde la deriva hacia la desintegración de cualquier legitimidad del CGPJ se originó en la cascada de corrupciones llevadas a juicio... y en el uso de los jueces frente a los nacionalismos. Sucede en Israel, donde el concepto de justo no es el de la Torá ni para los ultraordoxos que apoyan a Netanyahu, quien aún intenta reformar el sistema judicial antes de ir él a juicio. O en EE.UU., donde Trump, multiacusado, nombró a 228 de los 816 jueces federales que conforman el Tribunal Supremo, los 13 tribunales de apelación y los 91 tribunales de distrito. Es la desdemocracia. Lenta pero paulatina: “Los muros se cierran sobre los espacios cívicos, los derechos constitucionales se restringen, las voces disidentes son silenciadas (...) los defensores de los DD.HH. enfrentan persecución y los fiscales que luchan contra la corrupción, represalias”. No lo digo yo, lo dijo hace diez días Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
