FERROVIAL se hace un emérito. Porque su presidente, Rafael Del Pino, es otro patriota de pulserita rojigualda que ha recibido porrones de millones de obra pública, 9.000 desde 1991, se ha acogido a ERTE en pandemia, y después de esquilmarnos, se da el piro. La constructora trasladará su sede social a Países Bajos. O sea, españoles para recibir y holandeses para contribuir. ¡Qué gran ejemplo para conocer a la gente de bien! La empresa nacida a la sombra de la administración franquista y vía BOE, lleva viviendo del dinero de todos desde los 50. Se ha nutrido de los impuestos que pagaban infraestructuras, gracias a las cuales el señor Del Pino ha amasado su fortuna, o sea, de nuevo los contribuyentes, de pagafantas. “En España no hay seguridad jurídica”, argumenta el empresario. Es verdad. No la hay cuando el presidente de la Audiencia Nacional se pasa año y medio wasapeando con un acusado de corrupción de la kitchen. Pero lo mismo debió decir el Dioni cuando se fugó a Brasil buscando también un “marco jurídico” más favorable. La tercera persona más rica de España –ganó él solito cinco millones de euros el año pasado– abandona el barco porque no quiere tributar y le escuece la fiscalidad. La vieja máxima de privatizar ganancias y socializar pérdidas cuando no hay más patria que la cartera y más interés que la cuenta de resultados. Señor usurero, antes de irse, pase por caja, devuelva lo recibido, y cierre la puerta al salir.
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