SE echa mucho de menos que el debate sobre el estado de la nación no se salde con un veredicto imparcial que establezca un ganador y califique la actuación del resto de oradores. Aunque lo cierto es que no todos los portavoces del Congreso dan la talla en lo relativo a la brillantez en la alocución que se le supone a un orador, los ciudadanos deberían contar con un termómetro fidedigno sobre el resultado de la cita parlamentaria. Planteo que la figura que dicte sentencia se parezca lo máximo posible a la de un juez de silla de tenis y que cuente además con el apoyo de varios jueces de línea, ubicados estratégicamente cerca de los líderes de los partidos y de los diputados más inclinados al juego marrullero. A una altura de varios metros y bien asistido a pie de hemiciclo, el juez, con pasaporte francés por la cercanía o suizo por su ADN neutral, y mujer por su capacidad de abstraerse de las polémicas artificiales, sería el encargado de, por ejemplo, sancionar con un warning a un grupo parlamentario que se saca de la manga un minuto de silencio por el vil asesinato de Miguel Ángel Blanco sin consensuarlo o al menos hablarlo antes con el resto de formaciones. Buscando claramente ventaja política. Reivindicando como propia la muerte de un inocente que se cobró ETA en Euskadi mientras su partido organizaba en España una trama de corrupción. Nacionalizando el sufrimiento de una familia y el horror que generó en la mayoría de la sociedad vasca, unida al margen de ideologías.
