L coronavirus ha puesto la economía contra las cuerdas y ahora solo resta aguantar los golpes sin caer en la lona o volverse a levantar lo antes posible. No se trata de una crisis económica y, por ello, la respuesta no puede darse desde la propia economía, desde las empresas, que en esta ocasión requieren más que nunca el apoyo de la Administración. De ahí que se haya iniciado una carrera entre gobiernos y bancos centrales para la presentación de planes de choque, engordados con miles de millones de euros. El objetivo es minimizar el impacto del choque y, posteriormente, reconstruir el tejido productivo y sacar del pozo a quien esté con el agua al cuello. En ese contexto, pese al lógico temor de muchos trabajadores ante el riesgo de contagio, gran parte de esa segunda etapa de las actuaciones depende de que el país no se colapse totalmente y que sea posible mantener la mayor actividad productiva posible. Es obligación de las administraciones, al igual que de los empresarios, garantizar la seguridad en los centros de trabajo para evitar el cierre temporal masivo de compañías y el Gobierno vasco ha expresado públicamente su intención de hacer todo lo que esté en su mano para que se mantengan el mayor número de fábricas abiertas posible. Hay grandes empresas como Mercedes-Benz que tienen capacidad para recuperar el terreno perdido en un parón, pero para la mayoría de las pymes vascas cerrar un mes puede significar no volver a abrir.