Unidad de quemados
Envueltos en llamas. Los desaprensivos pirómanos arrasan demasiados montes. Las discrepancias entre magistrados incendian la judicialización de la política. Los fraudulentos títulos académicos propagan sus cenizas por las instituciones. Los carroñeros comisionistas se siguen abrasando. Y la legislatura, a modo de tierra quemada por la que transitan un gobierno desafiante frente a la testadura realidad que le desgarra –empieza a aflorar el debate interno sobre la prórroga nuclear– y una oposición que sigue clamando desesperada desde su impotente minoría.
La unidad de quemados tiene franqueada la puerta. Sin vetos. De hecho, asoma el fiscal general. El insólito procesamiento de García Ortiz aúna la gravedad suficiente para conmocionar a un cualificado sector de la opinión pública, incluso entre sombrilla y chiringuito. Lo hace porque, por encima de interpretaciones interesadas y objetivas, traslada una imagen dañida para cualquier país democrático que se precie. La permanencia de un imputado con señalamiento ya de juicio en un cargo de tal elevada responsabilidad desata toda una vorágine de especulaciones indiscriminadas, a la que contribuyen el propio origen de la causa, una instrucción truculenta, las encontradas interpretaciones jurídicas y una apasionada defensa de su principal valedor, Pedro Sánchez.
Ninguna voz cualificada pone la mano en el fuego por el signo de la futura sentencia de este caso. Los 40 folios que sostienen el voto particular en contra de la sonora inculpación no son baladí. Tampoco la catarata de otras doctas argumentaciones que siguen sin detectar la prueba del delito. Frente a ellos, la mayoría del tribunal que adoptó tan histórico fallo en los anales de la judicatura española. Por el medio, como siempre, el sesgado análisis político. Desde la comprensible adhesión gubernamental –excepción bastante significativa de la frialdad de Margarita Robles– hasta la despiadada censura del PP, pasando por la frivolidad del altanero MAR al proclamar su victoria momentánea en un proceso que lleva la huella de su mano negra.
Hasta la celebración de la vista, García Ortiz asume su espinoso calvario, convencido de su inocencia. Hasta entonces, muchos de sus subordinados entienden, sin embargo, que debería dar cuanto antes un paso al lado para no deteriorar más la institución. Dos posturas antagónicas que, como primera derivada, erosionarán sobremanera al presidente socialista en pleno regreso a la vida parlamentaria. Ahora bien, una absolución, que tampoco se antoja ahora mismo imposible, sería la inyección suficiente para rearmar definitivamente en el poder a la coalición de izquierdas. La condena a la que parece conducir el rechazo al recurso del fiscal general quizá sería ese sapo imposible de digerir.
Este zambombazo judicial ha relegado el morbo por Montoro. Un revés demasiado hiriente para el PSOE cuando saboreaba los desgarros en el PP por la escandalosa conspiración económica de los cuellos blancos. Peor aún, sin tiempo para reponerse del contratiempo sufrido, asisten a otro inesperado mazazo. En Valencia. Precisamente en un territorio abonado a su recuperación electoral por la nefasta negligencia de Carlos Mazón en la dana, su brazo de confianza elegido para rentabilizar la imagen del Gobierno central en la rehabilitación, José María Ángel, se marcha abochornado porque ha falsificado un título universitario. Incluso el agujero de esta dimisión podría ser mayor si prospera la investigación contra su esposa por irregularidades de corte similar. Más quemados.
LA FAMILIA CERDÁN
Nadie debería poner en duda el celo de Santos Cerdán en el cuidado de su familia. Siempre ha procurado que no le faltara el sustento económico. Así lo demuestran la Hacienda navarra y la UCO con un retrato de entregas a cuenta que resulta detestable. Tampoco parece inmutarse desde la cárcel, donde el cualificado mentor del triángulo tóxico sigue apelando a su inocencia. Le ocurre igual a Leire Díez, su subordinada como miembro poco fiable del equipo de fontaneros de Ferraz y que ya tiene agenda para comparecer ante el juez y convencerle de su vida sin tacha como socialista, periodista y honrada.
En esta frenética actividad de los tribunales, también se estrecha el cerco sobre el novio de Ayuso. Las peticiones de cárcel empiezan a agolparse sobre González Amador por sus supuestos fraudes a Hacienda. La sombra del banquillo por el alcance de las imputaciones se sigue alargando y con ella sería imposible apartar de la diana a la presidenta de Madrid.