Alíviese la desconfianza con un verificador. No hay negociación entre recelosos sin un mediador que se precie. Ocurre con el pacto entre dos intrigantes como son Sánchez y Puigdemont. También lo quiere Junqueras para vigilar su entente con Madrid. Así las cosas, en un asunto de tanta enjundia como la enrocada renovación del Poder Judicial no podía faltar un fedatario en la mesa. A este escuálido acuerdo se resume toda la capacidad de entendimiento desgranada por el jefe de Gobierno y el de la oposición durante la hora y media larga de su reunión de ayer y de la que nadie esperaba nada más por las millas de profundo desencuentro que les alejan. Eso sí, queda para la galería el guiño social que supone eliminar del texto constitucional, por fin, la palabra disminuido.
En el fondo, a Sánchez y Feijóo le quemaba entre las manos la reiterada advertencia de la UE sobre la exasperante reticencia a renovar el CGPJ. Uno y otro saben que, por acción y omisión, les persigue la sombra de una fotografía nada ejemplarizante para sustentar la imagen democrática de cualquier país. Tan deplorable situación resulta insostenible y ya requiere de una solución contundente. Por ahí empezó a tejerse el consenso de apelar a un mandatario de la Comisión Europea para que vigile cómo los dos partidos mayoritarios no se hacen trampas al solitario en la formulación de una nueva jerarquía judicial, ese oscuro objeto deseo que ambiciona quien está en el poder. A partir de ahí, en la cita del Congreso, de donde vienes manzanas traigo.
Bien sabía Sánchez lo que hacía cuando aceptó sin rechistar cómo Feijóo iba añadiendo al orden del día los asuntos de moneda corriente más peliagudos y de fundada irritación, sobre todo mediática. Tenía guardada la respuesta. A estas alturas, el compromiso con la aprobación de la ley de amnistía queda grabado a fuego con la mayoría de la investidura y seguirá adelante. La moción de censura en Iruñea no tiene vuelta atrás. Los nombramientos intencionados en los estamentos y organizaciones públicos, inamovibles. Las peticiones iban rebotando en la pared del frontón. Así hasta agotar el temario.
Sin demasiado esfuerzo, el presidente del PP ya se imaginaba semejante desdén. Incluso, desde una interesada rentabilidad argumental, hasta podrá rentabilizar el desacuerdo y así estirar el argumentario de la confrontación. Más aún, hasta podrá decir bien alto y claro que Sánchez no le ha engañado ni que se trataba de ninguna ratonera para así diluir las advertencias de Vox y de cuantos en Génova le desaconsejaban acudir a esta reunión. Imaginarse a estas alturas de la permanente confrontación un cosquilleo de entendimiento solo podría entenderse como un pueril ejercicio quimérico.
El líder socialista sale indemne. Mantiene firme los principios que apuntalan su acuerdo parlamentario y, en paralelo, exhibe una disposición al diálogo sin límites que abrillanta su figura. Ni un paso atrás. Así se explica más fácilmente la irritación de una derecha que sigue dándose golpes a la pared desde el 23-J a nivel estatal y que ahora, forzado por su estado de necesaria rehabilitación, empieza a centrar su objetivo en las elecciones gallegas el 18 de febrero, donde hay mucho en juego y no solo para la suerte del PP. Bien es cierto que la estabilidad de Feijóo pasa por la mayoría absoluta de quien le sucedió en su tierra. Por eso han elegido la fecha que entienden más oportuna, sobre todo para aprovechar la desorientación de los rivales que pueden comprometer, a izquierda y (ultra) derecha sus objetivos. Una cita con las urnas que pilla con el pie cambiado a Sumar y Podemos, embarrados en sus berrinches, así como a Vox. Una caída de estos tres partidos alargaría la estancia de los populares en la Xunta y cargaría los cañones contra Sánchez a lomos de la amnistía y de las cesiones a los independentistas con la vista puesta en las europeas. Ahora bien, un patinazo de los conservadores abriría de tal modo la caja de los truenos que podría reeditarse la defenestración de Casado.
Para entonces, Tezanos ya habrá agitado el ambiente sociopolítico desde la atalaya del CIS que tan bien domina. Lo acaba de hacer con sutileza –elegante eufemismo de maniobra– al presentar una panorámica sobre la amnistía sin que en el sondeo haya una sola pregunta que se interese por la opinión del entrevistado al respecto de una iniciativa legislativa tan mollar. Imposible conocer, por tanto, el grado de aceptación o de rechazo social a la ley más controvertida de las últimas décadas, incluida la del aborto. Que alguien lo verifique.
