Pilar Llop, seguramente la ministra de Justicia del reino de España más nula que han conocido los tiempos, ya despachada a otros quehaceres, se cubrió de gloria al asegurar que la gente hablaba en el metro de Madrid de la no renovación del CGPJ. Recordé la tontuna al escuchar ayer, no en el suburbano de la capital hispanistaní, sino en un canutazo a la prensa, al jurista de reconocido prestigio Patxi López que a él no le “podían dar clases de constitucionalidad” los miembros del mentado CGPJ, “cuando llevan cinco años sin cumplir la Constitución”. Si fuera una comedia de situación, tras la frase lapidaria de quien tiene el currículum educativo que todos conocemos, se habrían escuchado las consabidas carcajadas enlatadas.

Les puedo asegurar y les aseguro que no simpatizo con el llamado “órgano de gobierno de los jueces”, que, efectivamente, lleva un lustro caducado, pero aunque al común de los mortales le importe una higa, creo que procede aclarar que sus miembros, da igual conservadores que presuntamente progresistas, no son los culpables de tal situación. Mientras el partido de López y el de la acera de enfrente no se pongan de acuerdo para la renovación, las y los vocales del CGPJ de marras deben seguir actuando como si no fueran un yogur pasado de fecha. Y eso incluye pronunciarse sobre la no idoneidad del recién ratificado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

De hecho, si prescindimos del catálogo habitual de filias y fobias, podríamos estar de acuerdo a pies juntillas con un dictamen que pone negro sobre blanco una realidad irrebatible: el mengano no ha disimulado su condición de sumiso cumplidor de órdenes del gobierno que le ha regalado el puesto y, de propina, ha tenido el cuajo de conceder a su antecesora una vergonzante prebenda.