UNA periodista del diario Huelva Información ha sido condenada a dos años de cárcel por haber publicado datos contenidos en el sumario judicial del asesinato de la profesora Laura Luelmo en 2018. Es la primera vez que ocurre algo así en el Estado español. Dedicándome a lo que me dedico, es inevitable una primera reacción visceral ante la eventual entrada en prisión de una compañera. Hago mías las críticas de las asociaciones del gremio (que tanto se echan en falta en muchos otros casos; pregúntenle a Xabier Lapitz) y de una infinidad de profesionales a título personal. Me parece una condena desmedida. Otra cosa –y aquí es donde me voy de cabeza al charco– es que comparta que se trate exactamente de un atentado contra la libertad de información.
Y si lo es, había que poner ese derecho frente a otro derecho, el del respeto a la intimidad de una víctima y de sus familiares, que en este caso fueron quienes interpusieron la denuncia. ¿Cuál prevalece? Aun arriesgándome a pasar por traidor a los míos, debo decir, citando la sentencia, que los pasajes revelados carecían de interés informativo y, efectivamente, suponían un daño gratuito a la mujer asesinada y a sus deudos. Ahí entramos, me temo, en una de las grandes maldiciones de mi oficio: la facilidad para cruzar la línea entre lo que verdaderamente es un hecho noticiable y el morbo innecesario. En ocasiones, reconozco que puede ser un asunto discutible. Sin embargo, no hace falta más que echar un ojo al tratamiento informativo de ciertos sucesos para comprobar que demasiadas veces impera el sensacionalismo sobre el periodismo. Parece que esta vez fue así.
