HOY puede y debería ser gran día, el de la liberación para siempre de esas llamadas comerciales no solicitadas a deshoras con que nos achicharran diferentes compañías. Después de un año de cortesía, que ya es tiempo, entra en vigor el artículo 66 de la Ley General de Comunicaciones, que establece la prohibición de esas casi siempre inoportunas llamadas para ofrecernos una tarifa telefónica o energética inmejorable, un seguro de vida con unas condiciones estratosféricas o el crédito más chollazo del mercado. Seguro que más de una y más de diez veces se han visto en alguna de esas situaciones, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no emprenderla a gritos con la o el comercial en cuestión, que es quien menos culpa tiene de este asedio que nos aseguran que se acaba hoy.
¿Será así? Supongo que ya conocen mi natural escéptico, así que tiendo a pensar que, como es habitual, la ley contendrá la consiguiente trampa a modo de caballo de Troya. Algunas organizaciones de defensa de consumidores ya nos advierten de que nos pongamos en lo peor, dado que hay subepígrafes que permiten pasarse por el arco del triunfo la teórica imposibilidad de comunicar con un particular escogido de entre una base de datos (esa es otra) a la que ni sabe cómo ha llegado. Una de las excepciones más descacharrantes es cuando la empresa que te da la murga entiende que lo hace porque tiene un “interés legítimo en la oferta”. Eso es un coladero de proporciones oceánicas. Prometo, con todo, que si de verdad estoy siendo muy suspicaz, reconoceré mi error en estas misma líneas. Pero no creo.
