NO se me escapa el carácter un tanto pirotécnico de la iniciativa de Elkarrekin Podemos para que el Parlamento Vasco instara al Congreso a retirar el sangrante complemento de pensión –2.063,75 euracos mensuales– al siniestro Ricardo García Damborenea, exdiputado del PSE condenado como instigador del secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL. Es evidente, como señaló el jeltzale Iñigo Iturrate, que la cámara de Gasteiz no es la instancia aludida, puesto que son las cortes españolas las que llevan lustros apoquinando el pastizal al tipejo. Pero, a la espera de que en la madrileña Carrera de San Jerónimo se debata y decida sobre la bochornosa cuestión, creo sinceramente que el PNV hizo muy bien al propiciar con su abstención con resabios de sí que la propuesta saliera adelante.
Efectivamente, el valor de lo aprobado no pasa de lo simbólico. Sin embargo, ha servido para poner el foco, siquiera por un rato, en la descomunal barbaridad que supone que el parlamento español tenga en nómina –en jugosa nómina– a un condenado por terrorismo. En el mismo bote, también hemos comprobado, con el voto en contra del PSE, que los socialistas vascos siguen siendo incapaces de repudiar (y menos, reconocer) una guerra sucia que, como está largamente acreditado, tuvo su origen en sus sedes y fue ejecutada desde el gobierno español que lideraban. Tanto que se reclama justamente a otros el reconocimiento del daño causado, resulta difícil explicar que se desaproveche la oportunidad de demostrar con hechos el rechazo al terrorismo de estado y la denuncia sin matices de uno de sus principales valedores.
