L Gobierno vasco asume desde hoy la competencia de gestión de centros penitenciarios, transferencia cuya asunción por Euskadi siempre había chocado con la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos del Estado desde la aprobación del Estatuto de Gernika. La competencia era objetivamente sensible en los tiempos de actividad violenta de ETA, pero lo que realmente hacía insalvable las trabas a su transferencia fue un simbolismo interesado que aún hoy se esgrime y utiliza por parte de la derecha española para cuestionar no ya la capacidad sino el compromiso democrático con su gestión por parte del Ejecutivo vasco. Aún persistieron los ecos de esa manipulación en la intervención de Vox ayer en el Parlamento Vasco y en las excusas del PP para rechazar la aprobación de urgencia de la nueva agencia vasca de Reinserción Social Aukerak, orientada a los internos en prisiones vascas. Las competencias están para ejercerlas y la penitenciaria no es el mero mantenimiento de las infraestructuras y el personal funcionario asignado. Aukerak nace de urgencia cubriendo una carencia vigente para varios centenares de presos que han elegido participar en programas de formación y reinserción mientras purgan sus condenan. La cobertura legal que recibirá esta iniciativa no habría existido, dificultando la consideración de actividad laboral de los programas en los que participan. No es una función menor. La finalidad punitiva de la prisión es solo una parte del modelo y no está completa si no cuenta con mecanismos que favorezcan la resocialización del preso, su reinserción activa, útil y sostenible en la sociedad. Ese objetivo, que está en la esencia del sistema penal del Estado, es habitualmente la gran carencia del mismo. El ejercicio de la competencia por las autoridades vascas se asume, pues, con la decidida voluntad de dotar al cumplimiento de las penas por delitos contra la sociedad de las condiciones que permitan además devolver a esta a individuos capaces de reintegrarse en ella. Frente a debates histriónicos en relación a la inconveniencia de que Euskadi refuerce su autogobierno en materia tan sensible, la iniciativa del Gobierno vasco y el consenso de los representantes del 90% de la sociedad representada en la Cámara de Gasteiz lanzan un mensaje claro de responsabilidad en la gestión de los objetivos reales de la política penitenciaria, que están orientados a las personas.