A demanda de un uso libre y amplio en el ámbito del poder Legislativo (Congreso y Senado) de todas las lenguas que conviven en el Estado español no es nueva y los argumentos para boicotearla, tampoco. Como en ocasiones anteriores desde el Grupo Vasco del PNV, ahora es JxCat quien a vuelto a ponerla sobre la mesa, con el respaldo de todas las fuerzas políticas periféricas con lengua propia en sus territorios. Frente a la demanda de ese reconocimiento práctico de su cooficialidad han hecho fortuna en el pasado los argumentos económicos e ideológicos entre los partidos de ámbito estatal. En su fondo, lo que sigue obligando a que la pluriculturalidad de los pueblos y naciones del Estado sea reivindicada en las instituciones comunes es la negativa al reconocimiento de diversidad que conllevaría. Los partidos de la derecha española, los tradicionalmente más beligerantes, no temen al coste económico de tener traductores en Congreso y Senado, por más que sea el argumento cogido con pinzas por Ciudadanos, Vox o el PP. Es la visibilidad de una realidad multicultural, embrión de un reconocimiento de otra multinacional lo que les desvela. El choque político que lleva a organizar cruzadas en defensa del castellano en Euskadi o Catalunya, más recientemente en Baleares, no tiene anclaje con la realidad de esta lengua en esos territorios. Ni el castellano está amenazado ni, como se argumenta, la riqueza cultural está en la lengua común como fórmula excluyente de otras: la riqueza es la diversidad, no la uniformidad. Es muy escasa la confianza que denota esta sobreprotección. La pretensión de que el uso de la lengua es un juego de suma cero, en el que las lenguas minorizadas solo pueden crecer a costa hacer mermar la dominante, es la traslación al ámbito sociocultural de una percepción sociopolítica en la que el proyecto uniformizador se siente amenazado por la visibilidad de la diferencia. Esa es la verdadera imposición y el germen de la debilidad de un proyecto político homogeneizador por aplastamiento de la pluralidad. El castellano no está amenazado por el uso del euskera, el galego o el catalán en las instituciones del Estado. Sin embargo, el proyecto político unificador sí se siente amenazado por la vigencia de sensibilidades culturales y lingüísticas en su periferia. Lo que deja en evidencia la falta de voluntad integradora desde el reconocimiento de iguales, solo de supeditación.