Editorial

Más allá de coyunturas

23.12.2020 | 01:27

La urgencia puntual y la coherencia con el plan de sostenibilidad que exige Bruselas pueden condicionar pero no supeditar el alcance y eficacia de la reforma de las pensiones para la sostenibilidad que precisan

HA sido más la necesidad de que el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas guarde coherencia con las exigencias de la Unión Europea en el reparto de fondos que la virtualidad y eficacia de las medidas lo que parece haber llevado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a poner sobre la mesa paulatinamente aspectos de la considerada inevitable reforma del sistema de pensiones. Fue, en primer lugar, el traspaso de las no contributivas y su financiación vía impuestos. Alrededor de 23.0000 millones anuales de los 164.000 (39% del gasto) que destinarán el próximo año los presupuestos del Estado a pensiones. Y es ahora la ampliación del periodo de cotización mínimo de las de jubilación –que antes de la reforma de Rajoy en 2011 estaba en 15 años– de los 25 actuales a los 35 años, con el objetivo de reducir un 5,5% la pensión media de jubilación una vez entrase en vigor. Ahora bien, si la exclusión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social sí supondría el alivio a las arcas de esta que no logró al reforma de hace nueve años, la reducción de la pensión media apenas lo haría en cuantía (baste apuntar que en noviembre aumentó el gasto total en pensiones un 2,6% respecto a noviembre de 2019), mucho menos si se tienen en cuenta dos variables. Por un lado, la incorporación a la jubilación a partir de 2023 de las generaciones del denominado baby boom de principios de los años 60 del pasado siglo, que alterará la actual relación de 2,2 trabajadores por jubilado (19,5 millones de ocupados por 8,8 de pensionistas). Por otro, el eco que los propios cambios en el sistema de pensiones causarán tanto en los trabajadores a la hora de optar por la prejubilación como en las empresas como método de ajuste de las plantillas tras los ERTE y la incertidumbre económica que ha provocado la pandemia de covid-19, con las consecuencias reductoras en la prestación del paulatino retraso de la edad de las jubilaciones. Así pues, da la sensación, una vez más, de que la reforma que empieza a plantear el Gobierno Sánchez, además de no terminar de incorporar buena parte de las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo, plantea por el momento y una vez más un recurso de coyuntura en lugar de un verdadero intento de dotar al sistema de pensiones, sin limitar su alcance y eficacia, de la sostenibilidad que precisa.