Editorial

Secuelas todavía

04.12.2020 | 01:08

Medio siglo después del consejo de guerra de Burgos, el Estado español no ha logrado eliminar pronunciamientos y costumbres de origen franquista que aún constituyen rémoras para la democracia

CUANDO se acaba de cumplir medio siglo del Proceso de Burgos y se señala aquel juicio –consejo de guerra– como el principio del fin de la dictadura, dos episodios concretos, aunque no comparables, de la actualidad remarcan que, 42 años después del 78, el fin de aquel régimen y la transición a la democracia no han logrado eliminar secuelas notorias del franquismo. Se hacen evidentes –de una evidencia democráticamente insoportable– dentro del poder coercitivo del Estado español, su ejército, a través de las opiniones en redes sociales de militares y de la carta que 73 oficiales de alto rango en situación de reserva enviaron a Felipe VI con fondo y formas golpistas por cuanto arremeten contra el gobierno democráticamente elegido y de algún modo solicitan al jefe del Estado, al que la Constitución otorga un papel solamente arbitral, su intervención. También en el silencio del monarca, ya que Felipe VI estaría obligado a renegar del contenido de la misiva una vez hecho público éste cuando no a impulsar, como jefe de las fuerzas armadas, un procedimiento sancionador –¿por sedición?– contra quienes, desde su condición y consideración como militares, abogan por alterar el orden establecido a través de las reglas constitucionales y democráticas. Asimismo, aunque de otra índole, la polémica abierta en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su facultad de designación de cargos aun estando en funciones –que el Gobierno Sánchez trata ahora de limitar– retrotrae mucho más allá de la reforma de la Ley del Poder Judicial que en 1985 fijó que 20 vocales del Consejo serían elegidos por Congreso y Senado. Porque la misma se realizó con la pretensión de impedir que, con la ley anterior de 1980, la elección de los 12 vocales por los propios jueces y magistrados impidiera la renovación de un cuerpo judicial ligado a la dictadura. Y porque, en todo caso y aunque suponga una rémora para la democracia, aquella reforma no lograría eliminar la interrelación (cuando no interdependencia) de poderes originada por las costumbres de décadas en el conglomerado Justicia-Cortes-Gobierno del franquismo. Se ha hecho notoria en nombramientos por gobiernos de mayoría absoluta e influye aún en la nada soterrada resistencia del PP a la renovación de los órganos de gobierno de los jueces y con ella de su influencia, cuando no control, sobre el poder judicial.