AS cifras, o las previsiones de cifras, apuntan a un notorio incremento del gasto público. Lo comparten las directrices presupuestarias del Gobierno vasco para 2021 que hizo públicas en su comparecencia del martes el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que Pedro Sánchez presentó ayer en un acto telemático en el que incluyó a todo su gobierno, la patronal, los sindicatos y los embajadores de los 27 países de la UE. El cuánto, a falta de concretar con exactitud los presupuestos, crecerá en el próximo ejercicio. De hecho, el Ejecutivo central ya anuncia un techo de gasto no financiero de 196.097 millones de euros, 68.488 más que el que se fijó en 2019, y el Gobierno que preside Iñigo Urkullu sobrepasará los 12.000 millones en sus cuentas. Sin embargo, los anuncios económicos previos a los presupuestos de ambos gabinetes difieren en el cómo... y al menos no son del todo coincidentes en el qué. Así, Pedro Sánchez y su gobierno sitúan en el plazo de seis años el desarrollo de diez políticas tractoras en transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género. Y fían la generación de 2,5 puntos porcentuales de PIB y 800.000 empleos a los 71.400 millones de euros de fondos europeos -59.000 del fondo de recuperación y resiliencia y 12.400 millones del React-EU- del periodo 2021-2023, clave de bóveda de su plan. De hecho, el 39% de ese incremento del techo de gasto serían los 27.000 millones de los fondos correspondientes a 2021. Y en contraste, desde el Gobierno vasco Azpiazu apunta que deben ser los presupuestos quienes realmente apuntalen las prioridades de los sistemas sanitarios y educativos y los desafíos de futuro de la economía vasca -habrá un incremento del 6% en innovación- que centra en la transformación industrial y energética y digitalización. Y de ahí la importancia de que Euskadi -pero también el Estado- apruebe sus cuentas y estas sean realmente expansivas. No en vano, la capacidad de presentar planes de modernización atractivos, que dependerán en gran medida de la implicación de las administraciones, también a nivel presupuestario, será clave en la asignación definitiva de los fondos, cuya ejecución, es decir, controles y condiciones exhaustivos, aún se negocia en Bruselas.