A publicación en el BOE por el Ministerio de Sanidad de la resolución adoptada en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que estipula nuevas restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes y con incidencia acumulada de covid-19 superior a los 500 casos por cien mil vecinos, un porcentaje de positivos en PCR superior al 10%, y una ocupación de UVI por encima del 35%, así como la orden explícita a Madrid para su implementación en 48 horas, ha dado continuidad a una interesada polémica política sobre decisiones sanitarias en la que, en todo caso, hay que distinguir las formas y el fondo. Las primeras, como ha venido sucediendo y se ha denunciado desde Euskadi ya a partir del mismo instante del decreto del estado de alarma, dejan que desear por parte del gobierno que preside Pedro Sánchez y el Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa. Más allá de su pugna con el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, alentada como herramienta de oposición por un PP que, sin recursos ideológicos y encadenado a la deslegitimación producida por sus escándalos de corrupción, se aferra al artificio de las polémicas públicas, se trata de la adopción unilateral de las decisiones y la desconsideración hacia otros ámbitos de responsabilidad, concretamente y sin ir más lejos la que el Estatuto de Gernika atribuye en exclusiva sobre el ámbito de la sanidad al Gobierno vasco. Ahora bien, el ruido de las formas, que tampoco parece ajeno a determinados intereses electorales, no debería inmiscuirse en el fondo: la necesidad de adoptar medidas restrictivas adicionales allí donde la transmisión del virus se descontrola. Y en el Estado hay 11 municipios de más de 100.000 habitantes con tasas de incidencia netamente superiores a los 500 casos de los que diez -Madrid, Alcalá, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla- pertenecen a la Comunidad que preside Ayuso, donde no se realiza PCR a los asintomáticos ni hay estructura suficiente de rastreo. Vaya como contraste, también del muy diferente proceder de ambas administraciones en el diagnóstico y rastreo de casos, que ninguno de los cuatro municipios de la CAPV con esa población -Bilbao, Barakaldo, Donostia y Gasteiz- se acercan ni de lejos a dicha tasa. Y que solo en el mes de septiembre se han realizado en Euskadi 259.599 PCR, es decir, nada menos que a uno de cada 12 vascos.
