A convocatoria por el lehendakari, Iñigo Urkullu, el próximo jueves, 30 de abril, de una mesa de partidos para proceder a la evaluación de lo sucedido y realizado en los cincuenta días que habrán transcurrido desde la Declaración de Emergencia Sanitaria en Euskadi y al análisis de la posibilidad de convocar antes de agosto las pospuestas elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril responde a un triple fundamento. Por un lado, a la pretensión de convocatoria de un foro similar elevada desde algunos partidos -reiteradamente EH Bildu-; por otro, a la realidad de la pandemia y las previsiones científicas y sanitarias sobre su desarrollo inmediato y a medio plazo; y finalmente, a la necesidad se superar la interinidad institucional derivada del aplazamiento electoral para contar con un Parlamento y un gobierno de nuevo refrendados en las urnas y constituidos plenamente. De los tres, el primero podría considerarse irrelevante, pero no lo es en la decisión del lehendakari. La evaluación de lo realizado ante todos los partidos desarma las forzadas alusiones a una supuesta falta de comunicación y extiende al ámbito extraparlamentario su disponibilidad ante la Diputación Permanente de la Cámara vasca para dotar de transparencia a su actuación y razonarla, también la comunicación que su gobierno, a través del Departamento de Sanidad, ha efectuado semanalmente a las fuerzas parlamentarias. El análisis de la convocatoria electoral, asimismo, denota la pretensión de convenir, de hallar consenso en cuanto a la fecha, aun siendo su elección potestad del lehendakari. Porque es precisamente la pandemia, la advertencia científica de que esta alcanzaría sus cotas más bajas de contagio en julio frente a la posibilidad de un rebrote de la misma en otoño, la que condiciona la cita y la que marcará la realidad de los meses sucesivos. En ellos habrá que recuperar los mejores parámetros de salud pública posibles a la espera de la vacuna, culminar y proteger el regreso a una (otra) normalidad social y, tanto o más importante, impulsar desde el gobierno los fundamentos y mecanismos necesarios (también distintos en una realidad global diferente) para recuperar la actividad económica y la capacidad de generar bienestar. Y es labor de la política compatibilizar ambas porque, pese a discursos demagógicos que las enfrentan, están profundamente relacionadas.
