L Gobierno español que preside Pedro Sánchez haría bien en escuchar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando esta advierte de que las medidas graduales que vayan aliviando el aislamiento social deben evitar la atropellada imposición de restricciones del principio de la pandemia y recomienda, para hacerlo, "acciones locales antes que nacionales". Y haría bien porque nada hasta el momento en el accionar del Ejecutivo español ha atendido a ese criterio de coordinación y delegación de decisiones sino que, todo lo contrario, se ha regido por el de la homogeneización y el protagonismo del Estado sin siquiera detenerse en si los efectos de ese modo de actuar propiciaban más rémoras que beneficios. En el caso de Euskadi, con competencias exclusivas en las principales áreas objeto de decisión por el Gobierno Sánchez, ha sido incluso más flagrante la falta no ya de tacto en la relación política sino de ausencia de respeto a una legalidad fundamentada, bajo el paraguas del denominado bloque constitucional, en el estado de emergencia sanitaria declarado por el lehendakari Iñigo Urkullu en virtud de la Ley de Gestión de Emergencias con anterioridad a que Pedro Sánchez decretara el Estado de alarma. El último caso, aunque sin efectos prácticos, se ha dado con las decisiones del Ministerio de Educación, que dirige Isabel Celaá, en torno a la finalización del curso escolar en Primaria, Secundaria y Bachillerato, ámbito en el que la competencia es absoluta -curricular y de contenidos, de calendario...- y exclusiva de Euskadi. Celaá, pese a haber desempeñado en su día la responsabilidad máxima del Departamento de Educación del Gobierno vasco, ha ignorado su autonomía (art. 16 Estatuto de Gernika: "...es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades") y ha pretendido ahormar nuestro autogobierno educativo en las decisiones que su ministerio diseña para la comunidad escolar sobre la que el Estado español es competente. Sin considerar, además, que este modo de actuar podría haber contribuido a crear confusión por cuanto el Departamento de Educación ya se hallaba en proceso avanzado de identificar contenidos primordiales en cada curso, definir modos de evaluación concretos -también específicos en cursos de fin de ciclo- y establecer escenarios acordes con las decisiones y recomendaciones sanitarias.
