HOY, 64 días después de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre y roto felizmente el bloqueo político, el nuevo Gobierno español presidido por Pedro Sánchez, el primer ejecutivo de coalición desde los años 30 del siglo pasado, tomará posesión inaugurando una legislatura que se prevé dura, difícil y con muchos retos por delante pero que nace, en princicipio, con vocación y espíritu de diálogo y de acuerdo, lo que, dados los precedentes, no es poco. Aunque a estas alturas produzca pudor proclamarlo, resulta aún necesario, a la vista de algunos mensajes escuchados en los últimos días, reafirmar el carácter plenamente legítimo e intachablemente democrático tanto del presidente como de su Gobierno. Lo que no le exime, en ningún caso, de la crítica y de la exigible fiscalización y control de su gestión. Sánchez ha configurado un gabinete amplísimo formado por 23 personas: él mismo como jefe del Ejecutivo, cuatro vicepresidentes y 18 ministros, un grupo muy heterogéneo, plural y que en algunos casos puede parecer incluso inconexo, fruto, a buen seguro, de las características y necesidades del acuerdo de coalición y de las políticas que pretende llevar a cabo, incluido el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y firmados para lograr la investidura. El propio Sánchez, consciente, como no puede ser de otra manera, de las dificultades con que nace su gabinete, pretendió ayer curarse en salud al afirmar que el Gobierno "hablará con varias voces pero con una misma palabra". No lo tendrá fácil, ni desde el punto de vista interno, con ministros de perfiles, visiones e intereses casi opuestos -en lo personal, lo político, lo social y lo económico- que deberá gestionar, ni tampoco hacia fuera, con una derecha echada al monte y dispuesta a todo, incluso a agitar de nuevo la calle, para tumbarle. En todo caso, el marcado carácter económico que Sánchez ha querido imprimir a su Ejecutivo y la incuestionable solvencia técnica y profesional de buena parte de los ministros son una garantía para los desafíos a los que se enfrenta. En primer lugar, la de la propia durabilidad del Gobierno, su eficacia, el regreso de la política me-diante el diálogo frente a la confrontación y la judicialización, y la ejecución de los acuerdos alcanzados para la reforma y profundización democrática de un Estado plurinacional. Una tarea titánica, pero posible desde la unidad, el consenso y el diálogo leal.