EL primer apunte a la sentencia que la Audiencia Provincial de Álava dio a conocer ayer con la condena de 15 de los 26 acusados -doce a penas de cárcel y tres a inhabilitación- en el denominado caso De Miguel por asociación ilícita, cohecho, malversación y tráfico de influencias entre otros delitos -que sigue sujeta a recurso ante el Supremo- es que llega tras un procedimiento ya dilatado en exceso que retrotrae hasta Séneca: "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía". No en vano, durante los diez años transcurridos desde que se presentó la denuncia todo el caso, la investigación de la Fiscalía y las filtraciones de la misma, han sido utilizados políticamente en constatable y curiosa coincidencia con disputas electorales, tratando de convertirlo en un juicio político y mediático contra el PNV. Aún lo pretenden quienes pretenden establecer equivalencia con casos en los que sí se ven judicialmente señalados partidos que no han sacado aún la viga de su ojo (San Mateo 7, 1-5) y buscan una paja inexistente en el ajeno. Rechazado esto por la propia sentencia, en la que la magistrada Elena Cabero especifica que la red societaria tenía un carácter "individual" y ajeno a estructuras partidarias, se precisa en todo caso la máxima rotundidad ante actitudes reprobables y absolutamente opuestas a lo que se exige de quienes tienen la responsabilidad de representar a la sociedad y trabajar en su beneficio. Que el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, así lo manifestaran en público nada más darse a conocer la sentencia y además pidieran disculpas a los ciudadanos por no haberlas podido evitar, da continuidad a la novedosa y rotunda diferencia respecto a otros casos y partidos que hace una década supuso la inmediata reacción de los jeltzales en la exigencia de responsabilidades internas a los entonces acusados. Es incuestionable que las condenas se establecen en la sentencia en virtud de delitos que solo pueden cometerse desde cargos públicos a los que se llega por la confianza que el partido traslada en respuesta a la que a su vez recibe de los ciudadanos. En consecuencia, quienes los ocupan y desempeñan con el objetivo del beneficio personal cometen un fraude en primer lugar a la sociedad pero no menos al partido que les ha designado y a la institución a la que representan.
