EN la proliferación de cifras a que da pie la presentación de unas cuentas públicas, el proyecto de presupuestos de la Diputación Foral de Bizkaia para 2020 hecho público ayer por el diputado general, Unai Rementeria, y el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, presenta dos datos elocuentes: por un lado, que Bizkaia contará en el próximo ejercicio con los presupuestos -8.477,3 millones de euros, 260,6 más (3,17%) que en 2019- más abultados de su historia; por otro, que de lo disponible por los departamentos forales (los 1.286,6 millones restantes tras las aportaciones a Gobierno vasco y ayuntamientos, el gasto en personal, el pago del Cupo y la amortización de la deuda) se sigue dedicando casi uno de cada dos euros (el 48,6%, 625,1 millones de la suma de Acción Social y de Empleo) al capítulo social. Son, además, dos datos que permiten al gobierno foral conjugar una relativa tranquilidad en cuanto a la economía del territorio pese a las incertidumbres que se pueden prever en sectores concretos y una consciente prudencia ante el futuro y las necesidades de la ciudadanía que la todavía reciente última crisis hizo evidentes. También al tiempo plantear una más que razonable exigencia respecto a la injusta regla del gasto impuesta por el Estado a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las administraciones que se aplica a todos los poderes públicos. No en vano, esa normativa impuesta por la Union Europea con el fin de someter a control las economías de sus Estados miembro condiciona la capacidad de inversión de la Diputación con independencia de que la realidad de su gestión económica sea muy distinta -como reconocen los distintos ratings económicos- a la del Estado. Que mientras este presenta una deuda pública (1,2 billones) de en torno al 100% de su Producto Interior Bruto (PIB), muy por encima de la media europea (81%), en Euskadi esa deuda pública se haya reducido este año al 13,6% y en el caso de Bizkaia la previsión para el próximo ejercicio sea situarla por debajo de los dos mil millones, es decir, un 5,2% del PIB del territorio, es quizá la mayor evidencia de la necesidad de adecuar las relaciones de la nueva Europa a otra realidad, también socioeconómica, superadora de la estructura de estados con la que en estos momentos se conforma.
