SIENDO cierto que los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social en el mes de agosto hechos públicos ayer por el Ministerio de Trabajo son producto, al menos en parte, de la estacionalidad y no logran empañar el buen comportamiento interanual del mercado de trabajo (en Euskadi, un descenso del 6% en el número de parados respecto a agosto de 2018), no es menos real que la pérdida de afiliados -212.984 menos en el Estado, 12.981 menos en Euskadi- y el incremento de desempleados -54.371 más en el Estado, 2.994 más en Euskadi- respecto al mes anterior implican asimismo una doble advertencia. Por un lado, aunque no logren cuestionar la curva ascendente del empleo durante los primeros ocho meses de 2019, no se puede dejar de constatar que se trata del peor agosto desde 2008 y que el incremento de afiliaciones en tasa interanual presenta el ritmo más bajo de los últimos cuatro años, lo que coincide con síntomas de desaceleración económica y amenazas más que latentes como el desenlace del Brexit, la ralentización evidente de la economía alemana o el conflicto de los aranceles con Estados Unidos; todos ellos susceptibles de incidir en los ritmos de mejora del empleo más allá de la ralentización propia de dicha recuperación cuando, como sucede en Euskadi, esta entra en sus últimas fases. En todo caso, la confirmación o no de ese escenario en el medio plazo no afecta a la preocupación derivada de analizar esos mismo datos en cuanto a reflejo de una realidad del mercado laboral que incluye prácticas muy extendidas en cuanto a temporalidad y precariedad, también carencias en el control de las mismas. La proliferación de contratos temporales -en el caso de Euskadi, el 93% de los suscritos-, la concreción de la pérdida de afiliación a la Seguridad Social en agosto en sectores como la educación (el 28% del total, 59.630 afiliados menos en el Estado) y el aumento paulatino del número de parados respecto a julio en los últimos cuatro años no parecen responder precisamente a las continuas llamadas que se han realizado desde las diferentes administraciones a la mejora en la calidad del empleo como eje de las políticas laborales para evitar o al menos paliar un derrumbe del mercado de trabajo a consecuencia de un indeseado pero a la vista de las amenazas no descartable cambio de ciclo económico.
