Editorial

Corrosión parlamentaria

El dictamen sobre comedores escolares ignora la realidad que reflejan las resoluciones del TSJPV y la AVC en una utilización maniquea de la comisión como injusto ariete contra al Gobierno vasco

09.02.2020 | 07:16

LA aprobación ayer con los votos de EH Bildu, Podemos y PP en la comisión de investigación del proceso de adjudicación de la prestación de los servicios de comedores escolares desde 2003 del dictamen que responsabiliza al ejecutivo de un quebranto para las arcas públicas de 70 millones retrata la reiterada pero pervertida utilización maniquea de las comisiones parlamentarias como pretendido elemento corrosivo del rival político. Ni la creación de la comisión en 2018, pactada por el PP con EH Bildu y Podemos, ni la elaboración del dictamen aprobado ayer por las tres fuerzas de la oposición han tenido como objetivo una cuantificación real del coste de los errores del sistema de adjudicación o la corrección de los mismos sino que han tratado de alcanzar una conclusión preestablecida con la que cargar al ejecutivo que preside Iñigo Urkullu una responsabilidad sin embargo muy anterior y que, curiosamente, en la mayor parte del periodo investigado, 12 años, correspondía a un partido que hoy se inserta en la coalición a la que representa la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte. Lo corrobora el hecho de que los representantes del PP en dicha comisión, Borja Sémper y Juana Bengoetxea, quienes habían suscrito junto a PNV y PSE otro dictamen que reconocía las deficiencias sin culpabilizar al gobierno, se vieron obligados el pasado mayo a retirar su firma por orden de Alfonso Alonso, alineado ahora en el señalamiento al ejecutivo con los dos mismos grupos, EH Bildu y Podemos, que en otras ocasiones, cuando del apoyo de ambos a otras iniciativas se trata, pretende contaminados de inmoralidad o radicalidad. Más aún, la comisión y el dictamen apoyado por PP, EH Bildu y Podemos -corroe, que algo queda- ni siquiera han tenido en cuenta que la Fiscalía archivó el expediente y determinó que no hubo irregularidades. Tampoco que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco delimitaba la responsabilidad a las empresas. Ni que la Autoridad Vasca de la Competencia no apreció connivencia de la administración pública. Menos aún que la remodelación del sistema de adjudicaciones, en este caso sí llevada a cabo por el actual gobierno, se realizó con el fin de prevenir y evitar nuevos errores y ha recibido el aval de la Autoridad Vasca de la Competencia y del propio TSJPV.