EL cierre por fuerzas policiales y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, impidiendo el acceso de los parlamentarios elegidos en diciembre de 2015 así como el debate en el órgano de representación que preside Juan Guaidó, de mayoría opositora, sobre la detención la pasada semana de su vicepresidente, Edgar Zambrano, es un paso tal vez definitivo en la deriva al totalitarismo del régimen que preside Nicolás Maduro. La retirada de la inmunidad parlamentaria a 14 miembros de la Asamblea Nacional en una decisión coordinada del Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional Constituyente -formada por Maduro en 2017 para reemplazar a la elegida dos años antes y que no ha sido reconocida ni por el Grupo de Lima ni por la Unión Europea- ya avanzaba la desaparición definitiva de lo que se llegó a considerar una inicial precaución en la respuesta de Maduro al desafío opositor ante la falta de legitimidad, tanto interna como internacional, de la Constituyente y tras el reconocimiento por más de 50 países de Guaidó como encargado de una transición en el país. El regreso al frente del Sebin de Gustavo González López para sustituir a Manuel Cristopher Figuera, implicado en la liberación por Guaidó del líder opositor Leopoldo López, anunciaba asímismo claramente un recrudecimiento de la represión. González López ya había sido señalado -incluso por la administración estadounidense bajo la presidencia de Obama- durante su anterior época al frente de los servicios de inteligencia chavistas como responsable de actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y a él se ha achacado la detención de Zambrano, de quien no se tiene noticia hace días. Pero en un escenario de paupérrima situación socioeconómica con sus terribles consecuencias humanitarias y sin menoscabar la urgente necesidad de poner fin a la profunda crisis política de Venezuela mediante unas elecciones con garantías, es evidente que el intento fallido de alinear al ejército contra Maduro que protagonizaron Guaidó y Leopoldo López el 30 de abril ha tenido en lo inmediato el efecto contrario y se traduce en un cierre de filas en el régimen -quizás su último estertor- y un debilitamiento de la presencia opositora y de la posición del presidente encargado.
