Editorial

No hay margen

La realidad de los resultados en unas elecciones que se han pretendido centrar en torno a la concepción del Estado no puede obviarse para apelar a la estabilidad en la configuración de los necesarios acuerdos

09.02.2020 | 01:52

La realidad de los resultados en unas elecciones que se han pretendido centrar en torno a la concepción del Estado no puede obviarse para apelar a la estabilidad en la configuración de los necesarios acuerdos

MÁS que los cálculos respecto a los posibles acuerdos que definan la gobernabilidad del Estado español en base a la aritmética parlamentaria y su traslación a estabilidad, el efecto en la configuración de un ejecutivo de las elecciones generales del pasado domingo ni puede ni debe ignorar la realidad de sus resultados. Cuando desde la derecha española se ha intentado -y por momentos conseguido- presentar los comicios como una pugna entre dos ideas de Estado en la que PP, Ciudadanos y Vox han defendido, de modo estentóreo incluso, el retroceso hacía un Estado pre-Transición en materia de autogobierno, la suma del bloque recentralizador, pese a la irrupción parlamentaria de Vox, ha cedido casi cuatro puntos porcentuales respecto a 2016 y se halla a casi diez de quienes de un modo u otro abogan por impulsar, aun a través de modelos diferentes, el respeto a las capacidades de autogobierno y su incremento. Es evidente tanto en el número de votos como en su traslación a escaños en el Congreso pero sobre todo es nítido allí donde, como en Euskadi y Catalunya, existe una conciencia nacional: pese a haberse producido un incremento de participación notable respecto a 2016, la suma de las tres formaciones de derecha ha perdido en ambas naciones decenas de miles de votos (28.797 en la primera y 99.257 en la segunda) mientras el nacionalismo más posibilista (PNV y ERC respectivamente) ha obtenido triunfos rotundos. La pregunta es, por tanto, si quien ha alcanzado la legitimidad para encabezar la formación de gobierno puede siquiera escrutar la posibilidad de una mayoría conformada junto a quien difiere absolutamente en la concepción del Estado, incluyendo en el caso de Euskadi el respeto a la legalidad emanada del bloque constitucional que conforman la Carta Magna y el Estatuto, y además se opone al diseño de un nuevo modelo de relaciones socioeconómicas, incluyendo políticas sociales que han sido definidas como prioritarias cuando no primordiales. La dificultad para que programas e ideologías tan dispares congenien en un proyecto común y, sobre todo, la imposibilidad de que lo logren sin arriesgar el crédito que la sociedad les otorga ya limitado es algo más que evidente. Ni el triunfo de Sánchez ni las ganancias de Rivera, pese a los severos retrocesos de Podemos y el PP, presentan suficiente margen.