EL anuncio de la convocatoria la próxima semana de la Comisión Mixta de Transferencias para cerrar los traspasos a Euskadi de la AP-68, de las ayudas a trabajadores afectados por ERE, la ejecución de la legislación estatal sobre productos farmaceúticos y el seguro escolar vuelve a poner en evidencia, una vez más, la ardua pero efectiva labor de presión que el PNV ha debido y debe desarrollar en Madrid ante la sostenida renuencia del Gobierno del Estado, independientemente de su signo, al cumplimiento de las disposiciones estatutarias. Cuando solo una semana antes el lehendakari, Iñigo Urkullu, se vio en la obligación de recordar a Pedro Sánchez los plazos que este mismo se había marcado el 22 de enero al establecer un calendario sobre las fechas y materias a negociar y reconocer siete de ellas como de “caracter inmediato” o cuando el Grupo Vasco en el Congreso mantuvo el miércoles hasta última hora la incógnita sobre su apoyo a los decretos que el Ejecutivo Sánchez presentaba con el fin de arrancar un compromiso de este, se hacía efectiva de nuevo la capacidad de persuasión que desde la primera década de la democracia se halla en el eje de la actividad parlamentaria de los jeltzales en el Congreso y que en su momento llevó a Arzalluz a definir la política en Madrid como “un zoco moruno”. Desde entonces, en 1987, con 19 de las 89 competencias transferidas por completar y más de medio centenar pendientes, como desgranaría el Informe Zubia en 1993, y hasta el final de esta segunda década del siglo XXI, cuando aún quedarán 33, de las que 29 ya han sido admitidas por el Gobierno Sánchez ante la presión jeltzale, el Grupo Vasco del PNV en el Congreso ha venido empleando la capacidad política y parlamentaria de cada uno de sus escaños para ir arrancando las competencias que estipula el Estatuto de Gernika e inversiones en infraestructuras que contribuyen a un mejor nivel de desarrollo socioeconómico de Euskadi y una mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Lo hizo en 1996 con Aznar en su primera investidura (Concierto, Inem, formación continua...), con los presupuestos de Zapatero a finales de 2008 (competencia en I+D) y en 2010 (políticas activas, transporte marítimo...), con Rajoy en 2018 (actualización de las pensiones y TAV), lo hace ahora con Sánchez... y los precedentes dicen que deberá hacerlo en la XIII legislatura resultante de las elecciones del próximo día 28.