LA aprobación ayer por el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes el próximo martes del decreto ley de la igualdad de trato laboral, del decreto ley de vivienda y alquiler y del plan de emergencia ante un Brexit sin acuerdo llevan por su aparente urgencia a cuestionar la pertinencia y motivación del adelanto electoral al 28 de abril decidido por Pedro Sánchez. Dicha premura, a la que responden también y por ejemplo los informes del Consejo de Ministros anterior sobre los anteproyectos de ley digital y de ley de cambio climático surge en realidad de esa misma convocatoria y de la necesidad socialista de presentar al electorado algunas de las medidas anunciadas antes de que Sánchez decidiera poner fin a la legislatura. Y si, como se afirma desde el gabinete socialista, esa apremiante actividad antes de que el gobierno entre en funciones se debe al interés en dar respuesta a las necesidades de la sociedad, cabe considerar que esa respuesta precisaría de una elaboración reposada, seria y lo más consensuada posible, características de las que carece la vía del decreto ley empleada por el Ejecutivo. Con esa premisa y la certeza añadida de que, con adelanto electoral o sin él, el ejercicio 2019 se va a realizar con el condicionante de la prórroga de los presupuestos elaborados por el gobierno Rajoy, con su afección a lo que el desarrollo de todo lo aprobado exige; es posible deducir que el adelanto electoral no era necesario, mucho menos con la fecha de abril, y que tanto el abrupto fin de la legislatura como el frenesí legislador desplegado por el gobierno de Pedro Sánchez responden a un mero propósito electoral que, basado en la pugna de bloques derecha-izquierda, trata de rentabilizar la traducción al voto de la crisis interna de Podemos así como la renuencia en los sectores moderados a la radicalidad a que, arrastrados por Vox, se entregan el PP y C’s. Que ello se considere legítimo ya que la potestad de convocar elecciones pertenece al presidente del gobierno no significa, en todo caso, que se haya realizado como modo de responder a las necesidades de los ciudadanos y por la imposibilidad de desarrollar las políticas de gobierno comprometidas. Más bien al contrario, permite al PSOE modular o minimizar el compromiso -también con las transferencias pendientes- a la espera de un resultado electoral que refuerce su papel ante quienes les permitieron sacar adelante la moción de censura.