Editorial

Juicio al Estado

El proceso a los soberanistas catalanes que se inicia hoy evalúa la capacidad de los magistrados del TS para ignorar la presión política y, por tanto, la realidad de la separación de poderes y la calidad de su democracia

08.02.2020 | 00:25

EL juicio que se inicia hoy en el Tribunal Supremo contra el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jodi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y actual diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, a quienes la Fiscalía pide condenas de 7 a 25 años de prisión por rebelión, malversación y desobediencia, no solo juzga esos delitos. El Proceso por el Procès también interpela a la Justicia del Estado español respecto a su capacidad para abstraerse de condicionamientos ideológicos y presiones políticas y, en consecuencia, enjuicia la realidad de la separación de poderes y, por tanto, al propio Estado español y la calidad de su democracia. De la actuación y decisión de los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, empezando por su presidente y ponente de la causa, Manuel Marchena, va a depender la consideración que de todo ello se haga en Catalunya -o en Euskadi- y sobre todo por una opinión pública internacional más cercana a las tesis por las que los tribunales europeos (de Bélgica, Alemania, Escocia o Suiza) desestimaron el delito de rebelión, también desechado por la Abogacía del Estado, que a considerar lo acontecido en otoño de 2017 en Barcelona como violencia, conditio sine qua non para condenar por este delito, como pretenden la Fiscalía y la acusación particular ejercida por Vox. No va a ayudar a la serenidad necesaria, sin embargo, el momento de exaltación política que por interés electoral ha ido engendrando la conjunción de todo el espectro de la derecha nacionalista española ni la coincidencia del inicio del juicio con el debate presupuestario en el Congreso y su deriva electoral o incluso la aprobación por el gobierno de la orden para exhumar los restos de Franco. Pero tampoco la pretensión de convertir el juicio -donde se dilucida la libertad de 12 personas, 9 de ellas en prisión desde hace más de un año, conviene no olvidarlo- en un alegato del derecho de autodeterminación, que en todo caso no debería ser cuestionado. Reducir el juicio a lo que se juzga se antoja imprescindible. Incluso para reconducir el problema político. Y la propia jurisprudencia del TS respecto a los delitos que se imputan no es el menor de los motivos para hacerlo.