LA retirada del proyecto de Ley de Medidas Urgentes y subsiguiente presentación por el Gobierno vasco de tres proyectos de medidas presupuestarias urgentes que trocean aquella para contener por separado la subida salarial del 2,25% a los funcionarios, la actualización de los componentes de personal de los módulos de centros educativos concertados (también del 2,25%) y el incremento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en un 3,5% (4,5% para pensionistas) supone un ejercicio de responsabilidad, también de flexibilidad, que debería poner punto y final a la ilógica presión política desarrollada por la oposición a costa de esas mejoras sociales. Se trata, en primer lugar, de un ejercicio flexible porque el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu ha optado por presentar las medidas por separado a pesar de que el informe de los servicios jurídicos del Parlamento Vasco, solicitado por EH Bildu, haya sido favorable a la decisión gubernamental de presentar las medidas en una única ley para favorecer su tramitación y puesta en funcionamiento urgente. Y porque, en consecuencia, a pesar de que el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, podía haber justificado en ese informe el mantenimiento del proyecto unificado y forzado a los partidos de la oposición (EH Bildu, Podemos y PP) a retratarse o retractarse en la votación de la misma, el gobierno ha decidido no hacerlo. Desde la responsabilidad y capaz de acordar con todos y por separado, ha preferido facilitar el trámite y asegurar hasta cierto punto -lo contrario sería difícilmente sostenible por la oposición- el apoyo de alguno de esos grupos para sacar adelante cada una de las medidas, destinadas a beneficiar a 150.000 familias vascas. Ahora bien, esa flexirresponsabilidad del Ejecutivo, traducción a la práctica parlamentaria de los principios que el ministro de Trabajo holandés, Ad Melkert, enumeró en 1995 para el mercado laboral, exige la misma respuesta inmediata de aquellos que estando de acuerdo con alguna de las medidas contempladas en el proyecto original unificado se resistían a permitir la aprobación conjunta, fuese por desacuerdo de fondo parcial o por desacuerdo en la forma que el informe jurídico demuestra injustificado. La flexibilidad, en política, solo puede resultar en responsabilidad cuando se sustenta en pactos (contratos) tan adaptables como fiables.
