E ha celebrado en Madrid, entre los días 9 al 11 de noviembre el V Congreso de Editores de medios de comunicación de la Unión Europea y América Latina Caribe. La cita viene celebrándose desde 2012 de forma bianual y sus anteriores ediciones tuvieron como escenario, Santiago de Chile, Valencia, Bogotá y Berlín. El encuentro clausurado con la llamada Declaración de Madrid, puso de manifiesto los graves retrocesos que se están produciendo a uno y otro lado del Atlántico para el libre ejercicio de la profesión periodística, así como las nuevas dificultades que la desinformación y las noticias falsas suponen para el derecho a la información con el deterioro de las democracias que ello supone. Los editores también analizaron el papel de los grandes agregadores tipo Google y Facebook y el pago que deben realizar por el derecho de autoría de las informaciones que publican. En el congreso participaron más de cuarenta directores y editores de medios de la UE y de América Latina Caribe.
La declaración final firmada por los editores recoge diez puntos dedicados a la libertad de expresión y el derecho a la información; la labor del profesional de la comunicación; el reconocimiento de los profesionales en riesgo; el compromiso social de la profesión periodística; la información en el mercado digital; la batalla contra la desinformación; el copyright de la información; la necesidad de la formación continua; la política de alianzas entre los medios de comunicación y la labor de los medio para informar, formar y entretener. En ella, como primer punto se alude a los reiterados ataques sufridos por los profesionales de la comunicación, tanto en América Latina Caribe, como en la Unión Europea, reafirmándose los editores en la defensa de los Derechos a la Información y a la libertad de Expresión como universales e inalienables. Los periodistas en ambas regiones están sometidos a coacciones, agresiones e incluso son asesinados por intentar ejercer su profesión. Un fenómeno que ha ido en aumento en Estados europeos y latinoamericanos.
Los editores defienden la información como un bien social, es decir, al servicio del conjunto de la sociedad. De acuerdo con la línea marcada por diversas Asociaciones de Prensa internacionales, suscriben la defensa del "llamado ecosistema digital" del periodismo profesional, el único que asegura la responsabilidad ante terceros, el contraste de las noticias y la rectificación de los posibles errores, así como el secreto de las fuentes. Especial hincapié se hace la lucha contra la desinformación y las noticias falsas. En este sentido, la declaración señala que "la proliferación exponencial de las llamadas Fake News, nos sitúa ante el riesgo continuo de la desinformación, con el consiguiente peligro para el derecho a la información y la estabilidad institucional de la democracia. En esta situación hemos de combatir las verdades construidas, la propaganda, etc.. Hay que refutar bulos, famas elaboradas desde la perversidad, acciones contrarias a la democracia. Hay que estimular la prevalencia del interés general". De ahí que resulta clave el trabajo de campo de los informadores y reporteros propios de los medios, así como la creación de secciones de Fack Checking de verificación con herramientas específicas y periodistas especializados en dicha tarea.
Asimismo, los editores de medios europeos y latinoamericanos prestan especial interés al modelo de negocio que garantiza la solvencia económica de la empresa periodística y con ello su independencia a la hora de informar. Se considera objetivo absolutamente imprescindible e irrenunciable para garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación informativos y con ello del derecho a la información y de la libertad de expresión, la defensa de los derechos de autoría individual y corporativa de la información. Se insta a las asociaciones de Editores y de profesionales de la información de la Unión Europea y de la comunidad América Latina Caribe a intensificar sus acciones de influencia sobre los legisladores para introducir mecanismos legales de defensa para el pago de los derechos de autoría de la información, frente a las prácticas abusivas llevadas a cabo por algunos agregadores digitales de información, en clara referencia a Google y Facebook, entre otros. En resumen, se constata el grave riesgo que corre la libertad de expresión por las amenazas de gobiernos, grupo y sectores económicos, organizaciones criminales, así como por la práctica abusiva de los gigantes tecnológicos que socaban el negocio de los medios de comunicación. Con todo ello la democracia está en juego.
