Con acento europeo

PSOE-Podemos: en Bruselas no temen el apocalipsis

17.12.2019 | 17:04
Jesús González Mateos

Estamos demasiado acostumbrados a poner de parapeto de nuestros temores a Bruselas, como si las instituciones europeas erigieran en una especie de superpoder fuera de control y capaz de condicionar las decisiones democráticas de los Estados miembros. Convendría por ello dejar claro que la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeo, son órganos de una Unión basada en la libre cesión de soberanía y que solo actúa en aquellas materias acordadas por todos como políticas comunes. Y desde luego, entre estas atribuciones no está el juzgar la bondad o perversión de los gobiernos que por elección emanada de las urnas se constituyen en Ejecutivos nacionales. Partiendo de este principio básico, el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista en España, no encontrará barreras insalvables en la capital europea, si no simplemente deberá atenerse a las normas que entre todos los europeos hemos decidido darnos, o tratar de influir con su peso país, para cambiar las reglas del club comunitario.

Lo único que conocemos hasta la fecha del pacto entre ambas formaciones políticas son diez puntos bastantes genéricos basados en derechos constitucionales. Pero lo que sí es evidente es que ninguno de esos puntos choca con las políticas promovidas actualmente por la Unión Europea, si no todo lo contrario. Son coincidentes con los objetivos y estrategias de la Comisión: consolidar el crecimiento y la creación de empleo; combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad; la lucha contra el cambio climático; las políticas feministas y revertir la despoblación con un apoyo decidido a la llamada España vaciada. Y, sobre todo, el décimo punto del acuerdo, escrito claramente pensando en Bruselas: "Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero". Se reconoce, pues, la capacidad de la política fiscal para favorecer la redistribución de la riqueza y se consagra el equilibrio presupuestario al que se están obligados todos los gobiernos de la UE por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2011 y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que incluye el Pacto Presupuestario de 2013.

Es cierto que de conformarse un gobierno PSOE-Unidas Podemos, estamos ante un cierto precedente en la UE. El único Ejecutivo de base ideológica comunista fue el de Grecia del primer ministro Tsipras, en pleno rescate de su país. En su caso, pese a que fue precedido de amenazas de impago de la deuda, la realidad es que el gobierno de Syriza cumplió con todas las condiciones impuestas por Bruselas y su líder acabó siendo aplaudido y admirado en las Instituciones europeas. El segundo ejemplo similar fue el gobierno portugués del socialista Antonio Costa, pero no fue de coalición, si no apoyado por el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista mediante acuerdo parlamentario. Sus buenos resultados, además de granjearle la salida del rescate, fueron premiados por Europa con el cargo de presidente del Eurogrupo de su ministro de Economía, Mário Centeno. Y el más reciente, el del gobierno de coalición finlandés de este mismo año, un Ejecutivo muy amplio con El Partido Socialdemócrata, el Partido de centro, los Verdes, la izquierda y el Partido Popular Sueco de Finlandia, presidido por el socialista Anttie Rinne.

Que el presidente en funciones Pedro Sánchez ha querido cuidar la imagen del futuro gobierno en sus relaciones con los socios comunitarios se demuestra por su anuncio en el debate electoral del nombramiento de Nadia Calviño como vicepresidente económica. Una perfecta conocedora de los entresijos de Bruselas, que antes de ser llamada a Madrid al Ministerio de Economía, como alta funcionaria europea fue Directora General de Presupuestos de la Comisión Europea y a ella debemos el actual proyecto de cuentas de la UE para el periodo 2021-2027 en pleno debate. Sabe, pues, perfectamente el margen de maniobra del gasto social al que España podrá hacer frente para cumplir con el rigor presupuestario que el hecho de tener una moneda única nos impone. Y, por supuesto, también sabe que la Comisión espera que se corrijan los déficits excesivos previstos para este año y de cara a los del año que viene, cifrados en ajustes de 6.600 millones de euros. Esa es la verdadera realidad a la que tendrá que enfrentarse el gobierno progresista que Sánchez e Iglesias pretenden sacar adelante.