OMPRENDO la polémica, pero no dejan de ponerme en alerta los argumentos que escucho para sustentarla. Hay varias comunidades autónomas que han decidido utilizar los centros educativos para vacunar contra el covid-19 a los menores.
Recuerdo, aunque empiece a sonar a batalla del abuelo, que en mis tiempos infantiles, cuando los calendarios de vacunación eran incipientes y se incorporaban nuevas posibilidades de inmunización que ahora están automatizadas, el centro escolar era un punto de vacunación relativamente frecuente. La experiencia, mucho más reciente, de vacunaciones adicionales -meningococo, sin ir más lejos- también ha sido positiva.
Así que ahora me preocupa el énfasis que se hace en la confidencialidad, aunque lo comprenda, y en el riesgo a la convivencia infantil, y esto sí que me alerta. Se argumenta un peligro de que los menores que, por decisión de sus progenitores, no sean vacunados contra el covid-19, resulten señalados en la comunidad infantil por sus iguales en el centro.
Y resulta preocupante en tres direcciones. La primera porque parece que un ejercicio de convicción individual como negarse a vacunar, aunque esté basado en preocupaciones muy respetables aunque no necesariamente bien informadas, demande un cierto oscurantismo: que no se sepa.
La segunda, porque se vuelve a reclamar una sobreprotección de una decisión individual a costa de reducir los márgenes de la seguridad colectiva. Damos más valor el principio de individualidad que el de la corresponsabilidad.
Pero quizá lo que más me preocupa de todo sean las voces que sostienen que es preciso evitar el señalamiento en la escuela, cuando deberíamos tener claro que allí también se educa en convivencia, en el respeto al diferente con independencia del género, raza, religión,... o vacuna. Y temo que sea un debate de adultos en el que se ven atrapados los niños.
