PASADO el trámite de la investidura en la Comunidad de Madrid, el tridente nacional-derechista de PP, Ciudadanos y Vox se consolida como un encuentro natural entre quienes comparten una visión nacional y sociopolítica de lo que debe ser el estado español. Sin la discreción o los complejos de sus compañeros de otras autonomías, Isabel Díaz Ayuso se ha lanzado en su investidura a dar por resuelta la operación de blanqueamiento de la ultraderecha, con guiños, defensas y loas a Santiago Abascal. Cierto es que tanta sobreactuación estaba demandada por Vox, que juega la baza de un socio vigilante, pero también es verdad que la homologación última del pensamiento ultraconservador la asume la presidenta de la comunidad, apuesta personal de Pablo Casado, en primera persona. Puede estar asumiendo un riesgo el PP, pero también lanzando una opa con el objetivo de recuperar esos votantes que fueron suyos y pueden volver a la casa común de la derecha que un día fue. El riesgo es que, como la CUP en el soberanismo catalán, Vox es el antisistema del soberanismo español. Puede condicionar e inestabilizar la acción de Gobierno del más pintado y acabar dejándolo en la estacada. Por contra, en el entorno de Casado tienen que saber que si los de Abascal cometieran el desliz bajarse en marcha de un gobierno de orden les deja el discurso hecho para recuperar los votos cabreados. Así que Díaz Ayuso siembra las bases de una opa hostil sobre los votantes de Abascal para cuando sea preciso porque está claro que ha homologado el discurso extremo de Vox como un activo asumible en democracia. Todo es bueno para el convento de Casado y su plan de rehabilitación que nace en Madrid.
