Hace unos días hemos conocido una nueva sentencia en contra de los perfiles lingüísticos que se piden para acceder a la Administración, en este caso, en relación a una oferta de empleo público de la Diputación de Bizkaia. Los argumentos son los habituales en los tribunales que operan en los territorios vascos. Son dos, absolutamente falaces ambos.

Primer argumento

“Los requisitos de euskera discriminan a las/los castellanohablantes”. Lo niego categóricamente. ‘Saber’ no es ‘ser’. Pedir que para ser trabajador(a) con sueldo público se sepa euskera es lo mismo que pedir que se sepa matemáticas, cirugía torácica, conducir o lo que corresponda. Si no se sabe euskera, basta un curso académico (9 meses) para alcanzar el nivel B2. El requisito de saber euskera en ningún caso puede equipararse a poner como condición ser nacido en Barakaldo, ser rubia, ser zurdo o ser celiaca. Lo perverso de la situación ha llegado a tal punto que, si me presento a unas oposiciones en Ansoáin, saber inglés es un mérito, pero saber euskera es un agravio.

Trabajar en la función pública es un servicio, no un derecho, y requiere seleccionar las personas mejor preparadas. No se trata de discriminar a nadie por su condición, sino de reconocer sus méritos a quien los tiene.

Segundo argumento

“La administración puede atender en euskera sin que todas las plazas estén ocupadas por personas que sepan la lengua”. Es la propia realidad la que desmiente este argumento. Antes o después, cualquier vascohablante que se dirija en euskera a la Administración pasa por la experiencia de tener que esperar (a veces más de media hora) a que vayan a buscar a alguien que se pueda entender con la/el “indígena”. Esto sí es auténtica discriminación. Se me discrimina y se me da un trato mucho peor por tratar de ejercer mis derechos lingüísticos.

Y no se trata solo de que no queremos una atención de segunda. Queremos que los formularios, folletos, leyes, guías, anuncios y cualesquiera otros textos, escritos u orales, que nos hace llegar la Administración estén en euskera inteligible, de calidad y cuidado. Eso solo se consigue con una administración que funcione en euskera, no con una que se acuerda a última hora que hay que encargar traducir el texto antes de publicarlo, y le da lo mismo mandarlo a Google Translator, “a mi primo, que es de Bermeo”, o a la traductora de plantilla que tiene que producir al menos 25 páginas al día.

En cualquier caso, entiendo razonable que el número de plazas perfiladas y los perfiles asignados se adecúen a la realidad sociolingüística de cada ámbito. Algo también exigible a la Administración de Justicia, que no ha hecho absolutamente nada en ese sentido. Bien al contrario, no es infrecuente que esta justicia se muestre combativa contra el euskera, dictando sentencias como aquella de 2021 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria donde se recogen “perlas” como que “la Administración parece olvidar que el euskera ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo (en algunas listas aparece incluso el primero)”.

Las declaraciones de Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, recogidas en Teleberri no hacen sino confirmar que no existe ni plan ni voluntad institucional, y que se deja todo a la iniciativa individual. Me apuesto un euro, en contra de las expectativas que Uriarte ha creado, a que en 2025 no se celebrará ni un solo juicio íntegramente en euskera.

En cambio, tengo confianza en que los servicios jurídicos de las administraciones vascas sabrán zanjar está amenaza contra la normalización del euskera, que es, en definitiva, una amenaza contra la normalización social de nuestro país.