Esta semana EH Bildu ha anunciado un acuerdo con el gobierno de España para derogar la ley mordaza. El citado grupo se suma así al camino que inició la pasada legislatura el PNV y que condujo a un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos. Un proceso que hicieron encallar los hoy protagonistas en la foto porque no podían aceptar que los jeltzales les arrebatasen esa bandera.
Analizando las aportaciones que se suman a la lógica y literalidad de aquel primer acuerdo tripartito llegamos a otra conclusión: Bildu asume que la policía tiene el monopolio del uso de la fuerza y que es legítimo que, a veces, la emplee. También que conductas hasta ahora disculpadas cuando no alentadas por algunos portavoces de esa organización política merecen bien un reproche administrativo, bien una sanción penal. Aplaudo cuantas aportaciones mejoren la transparencia y seguridad jurídica de los procesos que pueden activar una u otra vía. Espero, además, una desescalada en las calles fruto de esta nueva visión sobre la que les urge hacer pedagogía entre sus bases. Un significativo avance en la institucionalización de quienes, hasta hace nada, consideraban delito de alta traición a la causa vasca cualquier acuerdo con label vasco en las Cortes Generales. Bildu deberá proyectar estos principios a la gestión de la seguridad del país si algún día la ciudadanía les confía tal responsabilidad. Esa que obliga a respetar y proteger el ejercicio de los derechos de todas y todos y a proceder, también, contra los amigos cuando se salen de madre. Porque este acuerdo es incompatible con “políticas de seguridad” como las que se practican, por ejemplo, en Venezuela o Nicaragua. Dramáticas tropelías, que mantienen en el poder a Maduro y Ortega y sobre las que jamás les hemos escuchado reproche alguno.
