El incendio fiscal del Supremo
Hay dos cosas sobre las que podemos estar de acuerdo: Estamos indignados por la confusa gestión del Tribunal Supremo (TS) sobre el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) y, por otro lado, colocamos en el epicentro de nuestro enfado a la relación entre la política y la economía, salpicada por los casos de corrupción, los servicios públicos o los rescates bancarios, por citar tres de los problemas que han protagonizado los titulares mediáticos en los últimos años. Las posturas y las opiniones podrán ser muy variadas, pero, en definitiva, percibimos como una realidad que somos rehenes de un sistema que, llegado el caso, beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría.
En este momento, carece de importancia si hay o no argumentos sólidos y objetivos que avalen ese pasteleo entre política, justicia y banca. Lo fundamental reside en cómo han tratado de solucionar el laberinto creado en torno al AJD y, sobre todo, está el hecho incuestionable de cómo lo percibe la opinión pública. Y, para evitar un mayor descrédito, Pedro Sánchez y sus ministros aprobaron el pasado jueves un Decreto Ley para que el impuesto lo paguen los bancos, que además no podrán deducirlo en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Claro que semejante celeridad puede dejar pelos en la gatera y el decreto que nos ocupa ha olvidado a las cooperativas de créditos y las cajas rurales, lo cual es añadir más leña al incendio provocado por el TS.
Incendio que se percibe en la opinión pública como un síntoma más de la confusión reinante, tan variada e indignante como el domicilio de los hipotecados. Después de todo, la cuantía del famoso impuesto depende de la comunidad autónoma en la que se viva, ya que son los responsables de cobrarlo son los gobiernos autonómicos que también fijan su porcentaje, variable entre el 1,5% en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana, y el 0,5% en el País Vasco, Nafarroa, Ceuta y Melilla.
el país vasco, exento Pero aún hay más. Resulta que este controvertido impuesto no se aplica en el País Vasco para las hipotecas concedidas sobre la vivienda habitual en virtud de la capacidad normativa fiscal que tienen las diputaciones forales como consecuencia del Concierto Económico, tal y como ha señalado el Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, que, no obstante, recomienda revisar la documentación y comprobar si se ha abonado el impuesto, que sí está vigente al 0,5% en la compra de la segunda vivienda.
Las comparaciones pueden resultar odiosas, pero en ocasiones son inevitables. La doble singularidad en el País Vasco: exención en la hipoteca para la residencia habitual y el mínimo porcentaje en la de la segunda vivienda, ponen en valor tanto la validez del Concierto Económico, como la política fiscal de las diputaciones que no necesitan gravar en exceso a la ciudadanía porque gestionan con eficacia los dineros públicos, mientras que los dirigentes de otras autonomías han puesto las tasas más altas y dicen estos días, como Susana Díaz, que es de “justicia que sean los bancos los que asuman esos impuestos”, pero no han tenido empacho alguno en cobrar las tasas más altas. Por cierto, ahora, y como consecuencia de la sentencia del TS, se librarán de devolver unos 5.000 millones de euros a los hipotecados en los últimos años e iniciar el proceso de pedir a los bancos que abonen el controvertido impuesto.
El comportamiento del TS ha sido nefasto para la ciudadanía y para su propia credibilidad, pero conviene señalar como, bajo la demagogia populista derivada de la ingeniería social utópica, algunos políticos no dudan en difundir prejuicios y falacias que imposibilitan la puesta en marcha de medidas pragmáticas que conducen hacia unas mayores cotas de bienestar. La estética radical se ha convertido en la plataforma desde la que proclamar propuestas utópicas. Pueden sonar bien sus objetivos, pero lo fundamental reside en la credibilidad de quien los reivindica.
Esta consideración también es válida para hacer referencia al debate sobre los Presupuestos vascos para 2019. Pero este es otro tema y, si el tiempo no lo impide, lo abordaremos la semana que viene.